Justicia abrió una puerta para evidencia digital

El Ministerio de Justicia movió una pieza que no suele hacer ruido en la agenda política, pero pesa cada vez más en tribunales: cómo investiga el Estado los delitos digitales y cómo preserva la prueba que vive en teléfonos, nubes, billeteras virtuales o sistemas informáticos. En la edición del 25 de septiembre de 2026 del Boletín Oficial, la Resolución 483/2026 (abre en una ventana nueva) creó el Programa Nacional de Política Criminal en Materia de Ciberdelincuencia y Evidencia Digital, PRONACIB.

El programa queda dentro de la Subsecretaría de Política Criminal, bajo la Secretaría de Justicia, y tendrá un coordinador encargado de seguir las acciones del área. No es una fiscalía nueva ni una fuerza de seguridad paralela. Es una capa de política criminal: lineamientos, formación, coordinación institucional y criterios para un terreno donde la evidencia ya no entra prolija en una caja de cartón.

La propia resolución explica el problema. Habla de preservar y analizar prueba digital, aplicar criterios de ciberseguridad a investigaciones, trabajar sobre activos virtuales y mirar el impacto de la inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes en las modalidades delictivas. Traducido: una causa penal puede depender de un celular secuestrado, una transferencia por CVU, una billetera cripto, un perfil falso, un modelo de IA usado para engañar o una cadena de mensajes que debe conservar valor probatorio.

Infobae (abre en una ventana nueva) también registró este viernes la creación del programa y lo puso junto a otra resolución de Justicia sobre régimen penal juvenil. Para esta nota, la novedad central es PRONACIB: el intento de ordenar desde Justicia un campo que hasta ahora venía repartido entre programas previos, fuerzas federales, fiscalías, juzgados, organismos administrativos y respuestas provinciales desparejas.

Hay un contexto mayor. En marzo, Seguridad había aprobado el Plan Federal de Lucha contra el Fraude Ciberasistido 2026-2027 (abre en una ventana nueva), con foco en prevención, denuncias, patrones de fraude, CBU y CVU usados ilícitamente, coordinación con el sector financiero y proveedores de activos virtuales. También existen líneas de fortalecimiento policial y federal como ForCIC. PRONACIB se ubica en otro punto de la cadena: no tanto la reacción operativa frente a una estafa, sino el diseño de reglas, capacidades y criterios para que el caso llegue mejor armado al sistema penal.

La pregunta de fondo es incómoda y práctica. Si una fiscalía no sabe cómo preservar una conversación, si una fuerza levanta mal una imagen forense, si una billetera virtual queda sin trazabilidad procesal, o si un juez no entiende qué parte de una evidencia digital es robusta y cuál es humo técnico, el caso se debilita. La tecnología no solo crea delitos nuevos; también cambia la calidad de la prueba en delitos viejos.

Qué mirar ahora: si PRONACIB produce protocolos concretos, capacitación verificable, estadísticas útiles y coordinación real con fiscalías, provincias, fuerzas de seguridad y plataformas. Crear un programa es la parte fácil. La parte difícil es que una víctima de estafa digital, amenaza, extorsión, suplantación o fraude con activos virtuales no caiga en un laberinto donde todos reconocen el problema, pero nadie conserva bien la evidencia.