La causa AMIA entró en juicio ausente

La causa AMIA acaba de cruzar una puerta que durante tres décadas pareció cerrada: la Justicia argentina procesó a ocho acusados prófugos y activó, en los hechos, el camino del juicio en ausencia. No es una sentencia. No repara lo irreparable. Pero sí cambia el estado procesal de uno de los expedientes más pesados de la democracia argentina .

Según informó LA NACION (abre en una ventana nueva) este lunes 21 de septiembre, el juez federal Daniel Rafecas procesó a siete iraníes y un libanés como responsables del atentado contra la AMIA, cometido el 18 de julio de 1994. El ataque dejó 85 muertos y 151 heridos. A cada procesado se le impuso, además, un embargo de USD 500 millones.

El dato central es jurídico y político a la vez: Rafecas aplicó la Ley 27.784, que regula el juicio en ausencia. Esa herramienta permite que una causa avance aunque los acusados sigan prófugos en el exterior, con defensa técnica oficial. Durante años, la imposibilidad de sentar a los imputados frente a un tribunal funcionó como una pared. El nuevo régimen intenta que esa pared no congele indefinidamente los expedientes por terrorismo.

Infobae (abre en una ventana nueva) reconstruyó que la resolución tiene 648 páginas y se apoya en la investigación de la UFI AMIA, a cargo del fiscal Sebastián Basso. El fallo sostiene que la decisión política del ataque fue tomada en agosto de 1993 por la cúpula del régimen iraní y que la ejecución fue delegada en Hezbollah, con una red regional y local asentada en la Triple Frontera.

La resolución también baja esa hipótesis al terreno concreto. Según la reconstrucción judicial citada por los medios, los ejecutores compraron una Renault Trafic el 10 de julio de 1994, la cargaron con unos 300 kilos de amonal y TNT, la dejaron en un garaje a cuatro cuadras de la mutual y la detonaron en la mañana del 18 de julio, cuando había alta concurrencia en el edificio.

Los procesados fueron diferenciados por rol. LA NACION detalló que Rafecas ubicó como responsables centrales a exfuncionarios iraníes de alto nivel, entre ellos Alí Fallahijan, Alí Velayati, Mohsen Rezai y Ahmad Vahidi. También procesó como cómplices necesarios a Hadi Soleimanpour, Mohsen Rabbani y Ahmad Asghari, y señaló al libanés Salman Raouf Salman, también conocido como Samuel El Reda, por la coordinación operativa final. El juez, además, dictó falta de mérito para Abdallah Salman y Hussein Mouzannar.

Hay dos planos abiertos. El primero es el de las apelaciones: el defensor oficial Hernán Silva puede cuestionar los procesamientos y la Cámara deberá revisar. El segundo es constitucional: la Cámara Federal de Casación Penal todavía tiene pendiente resolver un planteo sobre la validez del juicio en ausencia, después de una audiencia realizada el 10 de septiembre.

El fallo también mira hacia otro expediente histórico. Rafecas dio intervención a la Corte Suprema para evaluar si corresponde vincular esta causa con la investigación del atentado contra la Embajada de Israel de 1992, que tramita ante el máximo tribunal. La UFI AMIA sostiene que ambos ataques en territorio argentino habrían sido ejecutados por Hezbollah.

Qué mirar ahora: si las defensas apelan, cómo responde Casación sobre el juicio en ausencia, si la Corte acepta o no una conexidad con la causa Embajada, y cuándo el juzgado queda en condiciones de pedir opinión a fiscalía, querellas y defensa para elevar el caso a juicio oral. Después de tantos años, la pregunta ya no es solo quién fue acusado. Es si el Estado argentino puede juzgar sin que la fuga sea el final de la historia.