Sueños Compartidos llegó tarde al veredicto

El caso Sueños Compartidos tuvo veredicto, pero no cierre. El Tribunal Oral Federal 5 absolvió a Julio De Vido y condenó con penas en suspenso a José López, Abel Fatala y los hermanos Sergio y Pablo Schoklender por administración fraudulenta en la causa que investigó fondos públicos destinados a viviendas sociales.

La noticia no es solamente quién fue condenado. Es el calendario. La causa estalló en 2011, llegó a juicio oral recién en 2026 y el veredicto apareció al filo de la prescripción planteada por las defensas. Quince años para una respuesta penal en un expediente de obra pública es, en sí mismo, parte del resultado.

Según publicó Infobae (abre en una ventana nueva) el 14 de septiembre de 2026, José López recibió 2 años y 9 meses como coautor penalmente responsable de administración fraudulenta agravada. Abel Fatala tuvo la misma pena. Sergio Schoklender fue condenado a 2 años y 8 meses, y Pablo Schoklender a 2 años y 4 meses. Ninguno queda detenido por esta sentencia mientras no esté firme.

El tribunal también absolvió a De Vido, ex ministro de Planificación Federal, y a otros ex funcionarios vinculados al expediente. LA NACION (abre en una ventana nueva) reconstruyó la división interna del TOF 5: Adriana Paliotti y Daniel Obligado formaron mayoría para condenar a López, Fatala y los Schoklender; Adrián Grumberg votó en disidencia respecto de esas condenas. Obligado, a su vez, disintió sobre la absolución de De Vido.

El punto material del expediente fue el destino de fondos girados por el Estado nacional a la Fundación Madres de Plaza de Mayo para construir viviendas y obras complementarias entre los años 2008 y 2011. La acusación sostuvo que de casi $748,7 millones administrados por la fundación, $206,4 millones fueron desviados hacia empresas vinculadas a los apoderados. La fiscalía y la UIF habían pedido penas más altas e inhabilitación perpetua.

El tribunal rechazó los planteos de nulidad y prescripción. También ordenó un decomiso equivalente al monto desviado, actualizado al momento en que la condena quede firme, con destino a programas de vivienda social. Ese dato importa: si la sentencia cae o se demora en Casación, el decomiso sigue siendo una promesa judicial, no plata recuperada.

EL PAIS Argentina (abre en una ventana nueva) subrayó el contraste político del caso: un programa presentado como reparación habitacional terminó convertido en una causa de administración fraudulenta que salpicó a ex funcionarios kirchneristas y a ex apoderados de una organización histórica de derechos humanos. Ese cruce siempre volvió más sensible el expediente: vivienda social, Estado, Madres de Plaza de Mayo, contrataciones directas y obras inconclusas en la misma foto.

La sentencia completa con fundamentos se conocerá el 13 de noviembre, de acuerdo con lo informado por los medios que cubrieron la audiencia. Hasta entonces, el veredicto deja un mapa, no la última palabra. Las defensas ya anticiparon que apelarán ante la Cámara Federal de Casación Penal. Además queda pendiente otro tramo por lavado de dinero, centrado en la ruta de los fondos.

Qué mirar ahora: si Casación sostiene o revierte las condenas, cómo se calcula el decomiso actualizado, qué responsabilidades quedaron afuera por el paso del tiempo y qué dice el voto disidente cuando aparezcan los fundamentos. El expediente deja una pregunta incómoda para cualquier Estado que contrata obra pública: cuando una causa tarda quince años, incluso una condena puede llegar con gusto a tarde.