La Armada rastrea sobresueldos millonarios

La investigación por sobresueldos en la Armada Argentina dejó de ser una sospecha administrativa y entró en fase judicial y disciplinaria. Según reconstruyó Infobae este lunes 21 de septiembre (abre en una ventana nueva), una revisión de haberes de enero terminó exponiendo 645 acreditaciones indebidas a 23 beneficiarios por $981.148.567,88 entre julio de 2022 y enero de 2026.

El dato central no es solamente el monto. Es el circuito. La irregularidad habría aparecido en el Departamento Revista, el área que administra la liquidación de haberes de unas 24.500 personas dentro de la fuerza. El mecanismo descripto por la investigación interna apunta a una etapa técnica muy concreta: archivos TXT utilizados para ordenar transferencias al Banco Nación, modificables manualmente después de los controles ordinarios y antes de la acreditación definitiva.

Ahí está la llave de la nota. Si el expediente confirma esa secuencia, el problema no fue solo que alguien cobró de más. Fue que una parte del sistema de pagos públicos permitía alterar archivos en una ventana crítica, mezclar registros irregulares con miles de pagos legítimos y después restituir datos para que el recibo no necesariamente mostrara lo mismo que la transferencia final.

El caso empezó, según esa reconstrucción, con una teniente que detectó cinco suplementos salariales mal liquidados en enero. Al principio pudo parecer un error interno. Pero meses después apareció un dato más pesado: una acreditación a nombre de María del Carmen Prieto, esposa del capitán de Navío Contador Ariel Baltasar Atanasoff, jefe del Departamento Revista durante el período investigado. Prieto no pertenecía a la Armada y no tenía una liquidación de haberes que justificara el pago.

A partir de ahí, la fuerza revisó períodos anteriores, preservó computadoras y reunió documentación bancaria e informática. Infobae informó que cuatro personas externas a la institución recibieron 184 acreditaciones por $434.200.718,04, equivalentes al 44,25% del monto histórico detectado. Prieto aparece como la mayor beneficiaria individual, con 46 acreditaciones por $152.259.495,86. La causa deberá determinar qué pasó después con esos fondos y si existieron retornos, acuerdos o participación de otros funcionarios o particulares.

La primera consecuencia institucional ya ocurrió. El jefe de la Armada, almirante Juan Carlos Romay, dispuso el apartamiento de los militares alcanzados e inició una instrucción disciplinaria por una falta considerada gravísima. Ese camino corre separado de la causa penal: bajo el Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas, una falta gravísima puede terminar en destitución, pérdida del grado y baja de la institución. No es automático: cada involucrado debe ser notificado, defenderse y atravesar el procedimiento correspondiente.

En paralelo, el expediente penal empezó a moverse en Comodoro Py. El fiscal Ramiro González impulsó la investigación y pidió medidas al juez Sebastián Ramos: legajos personales, nómina de quienes trabajaron en el Departamento Revista, documentación complementaria del Banco Nación y una pericia informática sobre los equipos preservados. Esa pericia es clave para contestar la pregunta que ordena todo el caso: quién tocó qué archivo, cuándo y desde qué usuario.

La lectura pública es incómoda pero necesaria. Una institución puede detectar una maniobra desde adentro y denunciarla, y eso importa. Pero también queda expuesta una debilidad de control en un circuito que mueve alrededor de $65.000 millones mensuales en salarios. Si la investigación confirma el mecanismo, el próximo debate no debería agotarse en nombres propios: deberá mirar trazabilidad, segregación de funciones, controles previos al envío bancario y auditoría de archivos críticos.

Qué mirar ahora: la pericia informática, las eventuales indagatorias, cuánto dinero logra recuperarse, si la Armada concreta destituciones y si Defensa cambia procedimientos para que un archivo de pagos no dependa de controles tan frágiles. El escándalo empezó con cinco suplementos mal liquidados. Puede terminar rediseñando una parte del sistema que paga los sueldos de la fuerza.