Formosa convirtió cobertura periodística en arresto

Formosa acaba de poner una pregunta incómoda sobre la mesa: ¿puede una provincia castigar con arresto a periodistas por cubrir una comunidad originaria sin aceptar una lógica de permiso previo para informar?

El caso lo registró FOPEA (abre en una ventana nueva) el 24 de septiembre. Según el Foro de Periodismo Argentino, la Sentencia 351/2026 del Juzgado de Paz de Menor Cuantía de Las Lomitas, a cargo de Omar Padilla, sancionó a cuatro integrantes de un equipo de La Nación: la cronista Micaela Urdinez, el camarógrafo Lautaro Martín Guillamondegui, el sonidista Joaquín Rajadel y el director audiovisual Javier Federico Corbalán.

La pena fue de cinco días de arresto efectivo, redimibles por una multa de $282.550 para cada uno. El argumento judicial, siempre según FOPEA y ADEPA (abre en una ventana nueva), fue una supuesta infracción al artículo 73 del Código de Faltas provincial: desarrollar una actividad sin autorización previa y sin acreditar un carnet para ejercer el periodismo.

Ahí está el núcleo institucional. ADEPA recordó en su comunicado que en la Argentina no se necesita licencia, matrícula ni autorización estatal para ser periodista, investigar, formular preguntas o difundir información. También señaló que la libertad de buscar, recibir y comunicar información está reconocida constitucionalmente para todas las personas, no sólo para quien porta una credencial aceptada por una autoridad local.

La cobertura que terminó judicializada ocurrió en septiembre de 2025. La Nación (abre en una ventana nueva) reconstruyó que el equipo del proyecto Hambre de Futuro llegó a Las Lomitas para visitar comunidades nivaclé, entre ellas San José y El Algarrobal, junto con la Asociación para la Promoción de la Cultura y del Desarrollo. El medio sostiene que los enviados habían sido recibidos por el cacique Guillermo López, que grabaron entrevistas, que luego fueron interceptados en un control policial y que la denuncia posterior habría sido desconocida por el propio referente comunitario en diálogo con la cronista.

FOPEA agregó otro antecedente: ya había denunciado en 2025 seguimientos con vehículos sin identificar, vigilancia constante, una interceptación policial en rutas y la retención durante dos horas de los trabajadores de prensa. Para el foro, la sentencia ahora conocida no cierra aquel episodio: lo agrava, porque convierte una cobertura de interés público en una sanción contravencional con efecto intimidatorio.

El caso dejó de ser sólo Formosa. Noticias Argentinas (abre en una ventana nueva) informó que Patricia Bullrich se diferenció del Presidente y sostuvo que la libertad de prensa se respeta, después de que Javier Milei reaccionara en redes cargando contra los medios y el gobierno de Gildo Insfrán. La escena es rara: una condena provincial denunciada por entidades periodísticas termina exponiendo, al mismo tiempo, los reflejos autoritarios del poder local y la incomodidad del oficialismo nacional frente a la prensa.

Qué mirar ahora: si la defensa apela, si la Justicia formoseña revisa la sentencia, si organismos nacionales o internacionales de libertad de expresión intervienen y si el caso se transforma en precedente. Porque el dato de fondo no es una multa. Es la idea de que informar sobre pobreza, comunidades originarias o poder provincial pueda depender de una habilitación administrativa. Ese criterio, si queda firme, no ordena la cobertura: la domestica.