La Pampa llevó Los Nihuiles a Tribunales

La Pampa judicializó el reparto de regalías de Los Nihuiles. El gobierno provincial presentó una medida cautelar contra el Estado nacional para suspender los artículos 3 y 4 del Decreto 982/2026, la norma que modificó el régimen histórico y dejó a Mendoza con el 100% de los recursos generados por el complejo hidroeléctrico sobre el río Atuel.

El movimiento fue anunciado este lunes 14 de septiembre por la provincia, que lo presentó como una defensa de derechos ya reconocidos en acuerdos y fallos. En su comunicado oficial (abre en una ventana nueva), La Pampa sostuvo que busca frenar los efectos del decreto presidencial hasta que la Justicia resuelva la cuestión de fondo. El texto impugnado fue publicado en el Boletín Oficial (abre en una ventana nueva) el 11 de septiembre.

La discusión no es solamente contable. Hasta ahora, la disputa giraba alrededor de un esquema nacido en los años setenta y atravesado por un convenio de 1992 entre Nación, Mendoza y La Pampa, luego homologado judicialmente. La posición pampeana es que ese acuerdo no puede ser desarmado de manera unilateral por decreto, porque involucra compromisos interjurisdiccionales, autonomía provincial y el uso compartido de una cuenca que la provincia considera interprovincial.

TN reconstruyó que la cautelar apunta específicamente contra los artículos que alteran el reparto y que La Pampa invoca antecedentes de la Corte Suprema sobre el río Atuel. Página/12 también informó este 14 de septiembre que el reclamo exige mantener la distribución previa de regalías mientras se tramita la discusión judicial. En criollo: La Pampa no sólo pelea plata; pelea el precedente de si la Casa Rosada puede reordenar por decreto un acuerdo entre provincias.

Del otro lado, el decreto nacional usa otro criterio: que las regalías deben ir a la jurisdicción donde está ubicada la fuente hidroeléctrica efectivamente aprovechada. Bajo esa lectura, como el complejo Los Nihuiles se encuentra en Mendoza, el 100% correspondería a esa provincia. El Gobierno también enmarca la decisión en la necesidad de ordenar el régimen antes de futuras concesiones del sistema hidroeléctrico.

Ahí está el nudo político. Si la Justicia concede la cautelar, el reparto anterior quedaría congelado mientras se revisa el fondo. Si la rechaza, Mendoza empezaría a consolidar el cobro pleno bajo el nuevo criterio nacional. Para el resto de las provincias, el caso funciona como señal: recursos naturales, acuerdos viejos, fallos de la Corte y decretos de coyuntura pueden volver a chocar en cualquier expediente.

Qué mirar ahora: qué tribunal toma el planteo, si dicta una medida urgente antes de que el nuevo reparto produzca efectos concretos y si la Corte vuelve a quedar en el centro del conflicto por el Atuel. La foto chica son regalías hidroeléctricas; la foto grande es federalismo con agua, energía y caja arriba de la mesa.