IOSFA quedó sin liquidador en plena crisis

La crisis de la obra social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad sumó este jueves un dato político y operativo: renunció Ariel Guzmán, el coronel mayor retirado que estaba a cargo de administrar la liquidación del viejo IOSFA. La salida ocurrió en medio de una protesta de ATE en la sede central y de una pelea más grande por deuda, prestaciones, personal y transición institucional.

La novedad fue reportada el 24 de septiembre por Agencia Noticias Argentinas (abre en una ventana nueva), que atribuyó la renuncia a un pedido del ministro de Defensa, Carlos Presti, tras una reunión del miércoles. Según esa reconstrucción, el organismo arrastra una deuda con prestadores que supera los $200.000 millones. La Nación publicó el mismo día una versión consistente: salida de Guzmán, deuda creciente, cortes de prestaciones y unos 600 puestos de trabajo en riesgo.

El contexto no empezó hoy. En febrero, el Decreto 88/2026 dispuso la creación de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y de la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad, separando el esquema anterior. El 14 de septiembre, el Poder Ejecutivo publicó el Decreto 986/2026 (abre en una ventana nueva), que aprobó el régimen administrativo, patrimonial, contable y de control de la OSFA. Ese texto oficial presenta la continuidad prestacional, la sustentabilidad financiera, la trazabilidad y el control como principios centrales del nuevo régimen.

Ahí está el nudo: la norma ordena una transición prolija; la calle y los prestadores muestran una transición bajo estrés. En comunicaciones a prestadores, el propio portal institucional de IOSFA había explicado que la facturación debía separarse entre afiliados de Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad, y que la deuda pendiente sería abordada en el marco del proceso fijado por el Poder Ejecutivo. También informó que las Fuerzas Armadas habían comenzado a pagar deuda generada por liquidaciones incorrectas de aportes y contribuciones, con la expectativa de cancelar compromisos en forma gradual.

ATE, por su parte, encuadra el problema como un vaciamiento. El sindicato anunció para este jueves una protesta en Paso 551 y denunció 600 trabajadores en riesgo, además del cierre de 13 hoteles y dos recreos, en su mayoría ubicados en Mar del Plata, Córdoba y Bariloche. Esa es la versión gremial y debe leerse como tal, pero conecta con un dato verificable: el proceso de liquidación y transferencia no solo discute balances; también define empleos, prestadores, farmacias, convenios y acceso real a atención médica.

Lo importante, entonces, no es solamente quién reemplaza a Guzmán. La pregunta es quién sostiene la operación mientras se divide el viejo IOSFA, se consolidan OSFA y OSFFESEG, se renegocian contratos y se decide cómo se paga la deuda. Si los prestadores cortan, si los afiliados pierden turnos o medicamentos, o si el personal administrativo queda en el aire, la reforma deja de ser una arquitectura jurídica y se convierte en un problema sanitario.

Qué mirar ahora: la designación del nuevo responsable de la liquidación, una respuesta formal de Defensa sobre la deuda, el mapa de prestaciones disponibles en el interior, el vencimiento de contratos denunciado por ATE y cualquier señal de judicialización. En una obra social, la gobernanza importa. Pero el dato que mide la crisis es más simple: si el afiliado llega con una orden médica y alguien se la acepta.