El Presupuesto 2027 puso techo electoral

El Presupuesto 2027 ya entró en el Congreso y dejó escrita la apuesta económica del Gobierno para el año electoral. El proyecto que Javier Milei envió a la Cámara de Diputados proyecta una inflación de 18%, crecimiento del PBI de 4%, salarios subiendo 25% y un gasto total de 202 billones de pesos. No es un PowerPoint de expectativas: es el documento que ahora tendrá que pasar por comisión, negociación política y votos.

Según publicó EL PAÍS Argentina el 16 de septiembre (abre en una ventana nueva), el texto sostiene dos pilares que Milei quiere llevar a la campaña: equilibrio fiscal e inflación en baja. El Gobierno también promete superávit financiero por cuarto año consecutivo y una balanza comercial positiva apoyada en energía y minería. La lectura política es obvia: llegar a 2027 diciendo que el ajuste produjo estabilidad y que ahora puede devolver poder adquisitivo.

El problema es que el Presupuesto siempre habla en dos idiomas. Uno es el de la contabilidad pública: ingresos, gastos, deuda, partidas, resultado primario. El otro es el de la credibilidad. La administración había estimado para 2026 una inflación bastante más baja que la que finalmente acumuló en los primeros ocho meses del año, así que cada número nuevo viene con una pregunta pegada: cuánto es meta, cuánto es pronóstico y cuánto es narrativa de campaña.

El ancla fiscal

El Cronista registró este miércoles que entre las prioridades del proyecto aparecen superávit, consumo, recaudación y una eventual baja de impuestos. En su cobertura sobre el ingreso del Presupuesto 2027, informó que el Gobierno espera un resultado primario de 1,3% del PBI y un superávit financiero de 0,2% del PBI, junto con una recomposición de recursos tributarios por encima de la inflación promedio proyectada.

Ahí está el corazón de la pelea. Si la recaudación mejora, si los salarios recuperan y si la economía crece, el oficialismo puede vender una salida ordenada del shock. Si esos supuestos no se cumplen, el margen aparece por donde siempre: recortes, deuda, postergación de pagos, transferencias pisadas o conflicto con provincias y sectores que tienen leyes aprobadas pero financiamiento discutido.

El gasto social ocupa el lugar más sensible. EL PAÍS reconstruyó que tres de cada cuatro pesos del gasto público estarían destinados a servicios sociales, mientras la deuda pública demandaría 18,6 billones de pesos. Dicho menos técnico: el Presupuesto no sólo decide cuánto se gasta, sino quién espera, quién cobra, quién negocia y quién queda obligado a protestar para existir en la planilla.

Congreso, provincias y calle

La discusión parlamentaria no arranca en el vacío. Universidades, discapacidad, provincias, jubilaciones, obra pública y deuda familiar ya vienen marcando el clima legislativo. La oposición buscará meter en el debate sus leyes de financiamiento y alivio social; el Gobierno intentará que cada concesión no rompa el relato central del déficit cero.

También hay un dato federal. Si la expansión esperada depende de energía, minería y exportaciones, las provincias productoras van a mirar el Presupuesto con calculadora propia: infraestructura, regalías, rutas, puertos, energía y obra pública. No alcanza con decir Vaca Muerta o minería como si fueran una caja automática. La pregunta es qué inversión pública acompaña y qué queda transferido a gobernadores, municipios o privados.

Lo próximo a mirar es el calendario de comisión en Diputados y quiénes serán los emisarios de Economía para defender los supuestos. Si el oficialismo consigue dictamen sin desarmar su ancla fiscal, el Presupuesto puede convertirse en bandera de gobernabilidad. Si la discusión se empantana, 2027 empezará antes: no en las urnas, sino en cada artículo donde el número oficial choque con una demanda real.