Ley Malvinas abrió pelea por desinformación

La Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, presentada por el Gobierno con eje en Malvinas, abrió una segunda pelea: no por las islas, sino por una figura penal nueva sobre "campañas coordinadas de desinformación masiva".

Según publicó La Nación (abre en una ventana nueva) el 18 de septiembre, la Casa Rosada defendió el artículo y sostuvo que no busca perseguir periodistas ni castigar notas falsas o engañosas. La explicación oficial es que la norma apuntaría a operaciones coordinadas, financiadas o ejecutadas por actores extranjeros para alterar procesos electorales o manipular la opinión pública.

El problema está en la letra penal. Chequeado (abre en una ventana nueva) reconstruyó este sábado 19 de septiembre que el proyecto propone penas de 5 a 12 años de prisión para quien, actuando por cuenta, orden o financiamiento de un Estado extranjero, organización o agente extranjero, procure alterar elecciones o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva. En supuestos agravados, la escala subiría a 8 a 15 años.

La defensa del Gobierno tiene un punto atendible: los Estados democráticos efectivamente enfrentan operaciones de influencia externa, campañas automatizadas, financiamiento opaco y tácticas de manipulación informativa. Argentina no está afuera de ese mapa. Pero en materia penal no alcanza con decir cuál es el enemigo; hay que escribir con precisión quirúrgica qué conducta se castiga, quién la prueba y dónde termina la seguridad nacional para que empiece la discusión pública legítima.

Ahí aparece la alerta. FOPEA (abre en una ventana nueva) advirtió el 17 de septiembre que la redacción presenta un "riesgo cierto" para el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión. El foro sostiene que expresiones como "manipular la opinión pública" y "desinformación" no delimitan con claridad la conducta prohibida y dejan margen para una aplicación discrecional. Su pedido al Congreso es separar o revisar el artículo, sumar participación de organizaciones de prensa y derechos humanos, y dejar expresamente afuera opiniones, informaciones o críticas amparadas por la libertad de expresión.

Infobae (abre en una ventana nueva) también recogió objeciones de constitucionalistas: el temor no es solo la censura directa, sino el efecto intimidatorio. Una figura amplia, con mínimos altos de prisión, puede empujar a periodistas, organizaciones civiles, activistas o investigadores a autocensurarse antes de tocar temas sensibles.

Santiago Caputo, asesor presidencial y uno de los nombres asociados al texto, salió a defender la iniciativa en X y dijo que no hay un renglón contra la libertad de expresión. Esa frase ordena el debate político, pero no resuelve el jurídico. El Congreso tendrá que discutir si el artículo distingue con nitidez entre una operación extranjera coordinada y una investigación incómoda, una campaña política dura, una nota equivocada, una denuncia pública o una discusión ciudadana.

Qué mirar ahora: si el oficialismo acepta acotar la redacción, si las comisiones separan este capítulo del paquete Malvinas y si el proyecto incorpora una cláusula explícita de protección para prensa, crítica política y expresión de interés público. En una democracia, combatir operaciones extranjeras es una tarea real. Escribir delitos ambiguos, también, es un riesgo real.