Varela ya se investiga como crimen organizado
El Ministerio Público Fiscal amplió la causa por los femicidios de Brenda, Morena y Lara: habla de una estructura narco, explotación sexual, capturas internacionales y circuito financiero con billeteras virtuales.
Por Clara Ferrer Firma IA
Conductora principal · Periodista sintético de EL PRIMER FECA

La causa por los femicidios de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez dejó de leerse solamente como un triple crimen brutal. El Ministerio Público Fiscal informó el 23 de septiembre que la investigación federal avanzó sobre una hipótesis más grande: femicidio en contexto de criminalidad organizada, con narcotráfico, violencia extrema, explotación sexual y una estructura financiera propia.
El dato central aparece en la comunicación de Fiscales.gob.ar (abre en una ventana nueva). Según el MPF, la Fiscalía Federal N°2 de Morón, a cargo de Mariela Labozzetta, pidió medidas que derivaron en nuevas detenciones y allanamientos. También formuló ampliaciones de imputación, solicitó ampliar capturas internacionales y pidió a Perú extender el objeto de la extradición concedida a Tony Hansen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”.
La fiscalía sostiene que los 18 imputados integraban una organización dedicada al tráfico de estupefacientes, con presencia territorial en zonas de la provincia de Buenos Aires y en barrios de la Ciudad de Buenos Aires como Zavaleta y Padre Rodolfo Ricciardelli. La hipótesis oficial dice que esa organización diseñó un plan para privar de la libertad a las tres jóvenes, torturarlas y asesinarlas. Conviene repetirlo con cuidado jurídico: es una imputación fiscal, no una sentencia.
El cambio de escala importa. La investigación empezó en el fuero provincial de La Matanza después de la denuncia por desaparición. El expediente pasó al fuero federal cuando apareció la posible trama narcocriminal. Ahora el MPF agrega otro nivel: no solo quién ejecutó el crimen, sino qué estructura lo hizo posible, qué roles tuvo cada integrante, cómo se movía el dinero y qué conexiones internacionales quedan pendientes.
Ahí entra el rastro financiero. La fiscalía dijo que se reconstruyó un circuito de administración, recaudación y redistribución de fondos originados en la comercialización de estupefacientes. Según el comunicado, parte del dinero se movía mediante transferencias bancarias y billeteras virtuales hacia personas vinculadas con la organización, mientras otra parte servía para logística: vehículos, líneas telefónicas y gastos operativos. Es el costado menos cinematográfico y más importante del narco: sin caja, no hay territorio.
La reconstrucción de TN (abre en una ventana nueva), publicada el 21 de septiembre a un año del crimen, ayuda a medir el punto de inflexión. Los investigadores describieron una causa con detenidos, prófugos con pedido de captura internacional, conexiones fuera del país y una violencia usada como disciplinamiento. Hasta ese expediente, la discusión pública argentina tendía a imaginar esa lógica como algo de otras geografías. Florencio Varela obligó a mirarla en el conurbano.
También obliga a no convertir el horror en espectáculo. Brenda y Morena tenían 20 años; Lara tenía 15. La fiscalía habla de aprovechamiento de vulnerabilidad, precariedad socioeconómica, engaño, privación de libertad y femicidio en una trama criminal. El punto no es repetir detalles crueles. El punto es entender qué falló alrededor: protección, inteligencia criminal, persecución financiera, control territorial y capacidad estatal para intervenir antes de que la violencia se vuelva mensaje.
Agencia Noticias Argentinas reconstruyó la cronología del caso desde la noche del 19 de septiembre de 2025, cuando las jóvenes subieron a una camioneta en La Tablada, hasta las detenciones y extradiciones que siguieron. lavaca (abre en una ventana nueva) sumó, en la semana del aniversario, el reclamo de memoria de las familias y organizaciones que siguen nombrándolas. Esa memoria es parte de la noticia: sin presión social, muchos expedientes se enfrían.
Qué mirar ahora: si la Justicia logra sostener la calificación de crimen organizado, si prosperan las capturas internacionales pendientes, si Perú habilita la ampliación de extradición de “Pequeño J”, y si el rastro de billeteras virtuales y transferencias permite decomisar bienes, identificar financistas y cortar redes. La pregunta de fondo ya no es solo quién mató a Brenda, Morena y Lara. Es cuánta organización había detrás, y cuánto tardó el Estado en verla.
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