La luz bonaerense volvió al cuadro anterior

La tarifa eléctrica bonaerense acaba de tener un freno judicial concreto. El Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Bahía Blanca ordenó suspender el aumento que venía aplicándose en la provincia de Buenos Aires y mandó retrotraer los valores al cuadro anterior para las distribuidoras EDELAP, EDES, EDEA y EDEN.

La medida salió el viernes 18 de septiembre de 2026 a partir de una presentación de la Defensoría del Pueblo bonaerense. Según el comunicado oficial de la Defensoría (abre en una ventana nueva), el fallo alcanza a las empresas bajo regulación provincial y les ordena abstenerse de aplicar incrementos si antes no hay audiencias públicas para discutir las nuevas tarifas.

El punto administrativo es la Resolución 585/2026 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, que había fijado un nuevo esquema tarifario desde agosto. La Defensoría, encabezada por Guido Lorenzino, planteó que los usuarios debían tener una instancia previa de información y participación antes de que se modificaran componentes provinciales de la factura. El juzgado aceptó ese argumento de manera cautelar.

El dato que pega directo en el bolsillo está en la devolución: si un usuario ya pagó una factura calculada con el aumento suspendido, la diferencia deberá imputarse como saldo a favor en la próxima boleta. No es una discusión abstracta sobre regulación; es una orden que puede alterar facturas emitidas, cobradas o por cobrarse en buena parte del interior bonaerense.

Agencia Noticias Argentinas precisó que la cautelar no alcanza a Edenor ni Edesur, porque esas distribuidoras del AMBA están bajo regulación nacional, y tampoco comprende a cooperativas eléctricas. Sí toca a cuatro prestadoras claves del mapa bonaerense: EDELAP en La Plata y zona de influencia, EDES en el sur, EDEA en la costa atlántica y EDEN en varias ciudades del norte y centro provincial.

La discusión de fondo es vieja y vuelve cada vez que una factura cambia más rápido que la explicación oficial. El juez Agustín López Coppola apuntó, según NA, a la duración excesiva de una supuesta tarifa de transición y al derecho de los usuarios a participar antes de que la administración tome una decisión tarifaria. En ese marco citó criterios de participación ciudadana usados por la Corte Suprema en materia de servicios públicos.

Para el gobierno bonaerense, de acuerdo con la reconstrucción de NA, la suba era parte de un cronograma de transición vinculado con la emergencia energética y no exigía una nueva audiencia porque los criterios generales ya habían sido tratados años atrás. La cautelar dice otra cosa: antes de seguir trasladando aumentos, las distribuidoras alcanzadas tienen que pasar por un mecanismo efectivo de información y debate.

Qué mirar ahora: si la Provincia apela, si las empresas recalculan sin demoras y cómo aparece el crédito en la próxima factura. También importa el efecto político. En un año de presión sobre tarifas, salarios y mora familiar, una cautelar de servicios públicos puede convertirse en señal para otros reclamos: el bolsillo llega antes que el expediente, pero esta vez el expediente le puso pausa a la boleta.