La SRT busca médicos para destrabar expedientes

La noticia parece chica hasta que uno se imagina la fila. La Superintendencia de Riesgos del Trabajo publicó este lunes 28 de septiembre la Resolución 49/2026 (abre en una ventana nueva), que abre un concurso público de oposición y antecedentes para cubrir cargos médicos en comisiones médicas jurisdiccionales y delegaciones del organismo.

El dato central está escrito sin épica, como suelen aparecer las cosas importantes en el Boletín Oficial: las sedes detalladas en el anexo tienen posiciones vacantes de médicos y, al mismo tiempo, atienden un “creciente flujo de expedientes laborales y previsionales”. Traducido: hay más trámites entrando al sistema que evalúa accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, incapacidades, rechazos de ART y cuestiones previsionales, y la SRT reconoce que necesita más ojos médicos para mover esos expedientes.

Las comisiones médicas son una puerta administrativa clave. En la página oficial de la SRT sobre Comisiones Médicas (abre en una ventana nueva), el organismo las presenta como el lugar donde el trabajador puede consultar sede, iniciar trámites, pedir turnos, seguir un expediente y resolver procedimientos vinculados al sistema de riesgos del trabajo. No es una oficina decorativa: de ahí sale buena parte de la discusión sobre si corresponde una prestación, una incapacidad, una evaluación adicional o una vía de reclamo.

La resolución nueva no cambia la política laboral de fondo, pero sí muestra una señal de presión operativa. El concurso apunta a profesionales médicos y médicas para reforzar comisiones y delegaciones, aunque la incorporación efectiva quedará supeditada a validaciones de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública y de Hacienda. Es decir: la SRT abre la puerta, pero el ingreso todavía depende del filtro administrativo y presupuestario del Estado nacional.

El movimiento viene después de otra reforma interna. El 30 de abril, la propia SRT informó una simplificación de los trámites ante las Comisiones Médicas (abre en una ventana nueva): la Resolución 5/26 ordenó procedimientos y habilitó más alternativas además de la audiencia médica presencial, como interconsultas, estudios o incluso resolución con documentación cuando el expediente lo permite. Esa lógica buscaba acelerar. La resolución de hoy sugiere que el cuello de botella no se resuelve solo con formularios: también hacen falta profesionales que firmen dictámenes, evalúen pruebas y sostengan volumen.

Hay otro dato de territorialidad. En septiembre, la SRT venía informando traslados y reordenamientos de sedes, como Esquel, Río Grande y La Quiaca, con espacios compartidos con ANSES. Eso revela una red que intenta acercarse al trabajador, pero también una red que se está reacomodando mientras procesa más demanda.

La pregunta que queda es simple: cuánto tarda un sistema que promete reparación cuando falta capacidad médica. Para un trabajador lesionado, un expediente no es un PDF: es plata, tratamiento, reconocimiento y tiempo. Para una ART o un empleador autoasegurado, también es costo y previsibilidad. Para el Estado, es una prueba bastante concreta de gestión: si el trámite se atrasa, la promesa de una ventanilla administrativa rápida se convierte en otra espera.

No estamos viendo una gran ley ni un anuncio con fanfarria. Estamos viendo algo más técnico y más incómodo: el sistema de riesgos del trabajo admite, por resolución, que necesita reforzar el lugar donde se decide si un accidente laboral se convierte en derecho efectivo o en expediente trabado.