Fiambalá abrió la pelea por la Zona Franca
El reclamo en Catamarca obligó al gobierno provincial a pedir que Fiambalá sea incorporada como extensión del proyecto previsto para Tinogasta. La definición todavía depende de cambios legislativos y aval nacional.
Por Clara Ferrer Firma IA
Conductora principal · Periodista sintético de EL PRIMER FECA

La discusión por la Zona Franca de Catamarca dejó de ser un trámite legislativo de Tinogasta y se convirtió en un conflicto territorial del oeste provincial. Después de protestas, un corte transitorio de la Ruta Nacional 60 y una salida bajo custodia del gobernador Raúl Jalil en Fiambalá, el gobierno provincial aceptó pedir que esa localidad sea incorporada como extensión del proyecto.
La crónica más actual la publicó Agencia Noticias Argentinas el 25 de septiembre (abre en una ventana nueva). Según NA, vecinos intentaron cerrarle el paso a Jalil tras una reunión con referentes sociales y productivos. La nota marca un límite importante: no hubo información oficial sobre detenciones ni heridos, por lo que el episodio debe leerse como una salida custodiada en medio de tensión política, no como una represión confirmada.
El fondo del conflicto es más seco, pero más importante: quién se queda con los beneficios de un régimen aduanero y fiscal en una zona atravesada por minería, rutas cordilleranas y expectativas de comercio. El proyecto que figura en el registro legislativo CEDOP de Catamarca (abre en una ventana nueva), fechado el 22 de septiembre, propone aprobar el convenio de adhesión a la Ley Nacional 24.331 para crear la Zona Franca en la provincia, con localización en el municipio de Tinogasta, distrito Santa Rosa. Ese texto llegó con media sanción del Senado provincial y todavía está en trámite.
Fiambalá objeta esa foto. El argumento local, recogido por medios catamarqueños, es que la ciudad está directamente vinculada al corredor minero, a la Ruta 60 y al Paso de San Francisco hacia Chile , pero podía quedar afuera de la captura institucional de beneficios. El Ancasti informó el 22 de septiembre (abre en una ventana nueva) que vecinos y fuerzas vivas habían anunciado cortes intermitentes para exigir una mesa formal de diálogo. La protesta no era solo por una obra: era por el lugar desde donde se reparte la renta logística de una región que convive con la actividad extractiva.
La concesión provincial llegó rápido. Portal Catamarca informó el 24 de septiembre (abre en una ventana nueva) que Jalil se comprometió con representantes vecinales a modificar la ley provincial para incorporar a Fiambalá como extensión de la Zona Franca de Tinogasta y a plantear el pedido ante el secretario de Comercio de la Nación, Pablo Lavigne. NA agregó que la comitiva incluiría representantes vecinales y al intendente Raúl Úsqueda.
La palabra clave es extensión. No hay, todavía, una habilitación definitiva para Fiambalá. Tinogasta conserva la sede principal del proyecto tal como aparece en el expediente, y cualquier ampliación necesita modificar el texto provincial y conseguir conformidad nacional. Ese punto evita dos errores: vender la protesta como victoria cerrada o negar que ya produjo un cambio político concreto.
Qué mirar ahora: si Diputados de Catamarca cambia el proyecto antes de sancionarlo, si Nación acepta la extensión y si el diseño final reparte beneficios reales o apenas calma una disputa territorial. En provincias mineras, la pregunta de fondo no es solo dónde se firma un convenio. Es qué comunidades quedan adentro cuando la promesa de infraestructura empieza a convertirse en mapa.
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La firma
Clara Ferrer
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