Rosario empezó a decomisar la caja narco

Rosario volvió a mostrar una regla básica del crimen organizado: la droga hace ruido, pero la plata deja huellas. La novedad no es sólo que una banda haya sido acusada por narcotráfico. La novedad es que la Justicia empezó a ponerle nombre patrimonial a la caja que, según la fiscalía, sostenía esa estructura.

El Ministerio Público Fiscal informó el 25 de septiembre (abre en una ventana nueva) que la PROCELAC y la Oficina de Narcocriminalidad de la Unidad Fiscal Rosario ampliaron la imputación por lavado de activos contra 13 presuntos integrantes de una organización dedicada al tráfico, acopio y comercialización de cocaína en Rosario y localidades vecinas. El grupo ya había sido desbaratado a fines de noviembre de 2025; ahora el expediente entró en otra zona: bienes, inmuebles, vehículos y plata que no cerraba con los perfiles declarados.

La nueva imputación fue formalizada el 9 de septiembre en una audiencia oral ante el juez de Garantías Carlos Vera Barros. Allí, el fiscal Juan Argibay Molina, de PROCELAC Rosario, y el fiscal coadyuvante Franco Benetti expusieron los primeros resultados de la investigación patrimonial. Según el MPF, las operaciones analizadas no se correspondían con la actividad laboral ni con los perfiles fiscales de las personas involucradas.

El punto jurídico es preciso: la fiscalía les atribuyó haber participado, con habitualidad y conocimiento del origen ilícito de los fondos, de una asociación destinada a introducir en el mercado formal activos producto del narcotráfico. La calificación es lavado de activos de origen delictivo, agravado por organización y habitualidad. Conviene escribirlo con cuidado: es una imputación fiscal, no una condena.

Pero el dato político-criminal es fuerte. A pedido de los fiscales, el juez ordenó un embargo preventivo con fines de decomiso hasta alcanzar $1.800 millones. La medida incluye dos departamentos en el complejo Estación Norte, cinco lotes en urbanizaciones de Alvear y un departamento en un barrio privado de Pinamar. También se dispuso el secuestro de cuatro vehículos: un BMW Z4, un Renault Clio, un DS Crossback y un UTV Can-Am Defender.

Esa lista importa porque cambia la conversación. Perseguir narcotráfico no es sólo contar paquetes secuestrados o detenidos. Es seguir departamentos, terrenos, autos, contratos de alquiler, boletos de compraventa, multas de tránsito, teléfonos y movimientos de dinero. El MPF dijo que las tareas de campo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria desde septiembre de 2025 ayudaron a vincular bienes con los imputados y a discutir si realmente tenían origen lícito.

La causa original da escala. En enero, la Unidad Fiscal Rosario había informado la prisión preventiva de 13 acusados (abre en una ventana nueva) tras operativos donde se secuestraron casi 53 kilos de cocaína, más de 51 millones de pesos, cerca de 67.000 dólares, armas, municiones y 17 vehículos. La hipótesis era que la organización trasladaba cocaína desde Bolivia para distribuirla y venderla en Rosario y alrededores.

La novedad de septiembre es que el expediente empezó a preguntar qué pasó después con la plata. Ahí aparece la palabra decomiso: no sólo castigar personas, sino quitar capacidad económica. En Rosario esa diferencia no es menor. Si una organización puede perder un cargamento pero conservar inmuebles, vehículos, dólares y fachadas comerciales, el negocio absorbe el golpe. Si la investigación patrimonial funciona, el golpe entra en la caja.

El contexto local ya venía marcando ese camino. La Capital informó el 9 de septiembre (abre en una ventana nueva) que Casación confirmó condena y decomiso de bienes de lujo contra un empresario vinculado al clan Derminio, otro expediente de lavado narco rosarino. No es el mismo caso, pero sí la misma discusión de fondo: el narcotráfico no vive sólo en el bunker; vive también en el registro de propiedad, en el vehículo de alta gama y en la contabilidad que intenta parecer normal.

Qué mirar ahora: si el embargo se sostiene, si los bienes llegan efectivamente a decomiso, si la fiscalía logra probar disponibilidad real y origen ilícito, y si Rosario convierte la persecución patrimonial en rutina y no en excepción. Porque una ciudad no corta una economía criminal sólo con allanamientos. También la corta cuando le vuelve inútil lavar la ganancia.