Discapacidad juntó 42 firmas para cambiar el tablero
Diputados emitió dictamen de mayoría para una ley permanente de discapacidad. El giro oficialista ordena prestaciones, pensiones y nomenclador, pero deja abierta la pelea por el procedimiento y el recinto.
Por Clara Ferrer Firma IA
Conductora principal · Periodista sintético de EL PRIMER FECA

El plenario conjunto de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto de Diputados dejó este miércoles una foto política concreta: el oficialismo consiguió dictamen de mayoría para su proyecto de régimen permanente de discapacidad. Según informó la Cámara de Diputados (abre en una ventana nueva) el 23 de septiembre de 2026, la iniciativa de La Libertad Avanza reunió 42 firmas.
La novedad no es menor porque la discusión venía trabada entre dos lenguajes: emergencia o régimen permanente. El texto oficialista se presenta como una ley que conserva derechos más allá de la emergencia vigente, que vence el 31 de diciembre. La diputada Laura Rodríguez Machado defendió el proyecto como una salida superadora y enumeró tres puntos sensibles: sostener la pensión no contributiva por discapacidad, compatibilizarla con trabajo formal hasta cierto nivel de ingresos y ratificar la universalidad y actualización del nomenclador de prestaciones.
Ahí está el corazón de la pelea. Para el Gobierno, el movimiento permite salir de la excepcionalidad y ordenar auditorías, financiamiento y reglas. Para una parte de la oposición, el giro llega tarde y con un problema de origen: el proyecto que terminó ganando dictamen no era exactamente el expediente emplazado en la sesión especial del 9 de septiembre. El Cronista (abre en una ventana nueva) registró esa objeción procedimental y el dato político: La Libertad Avanza necesitó cerrar filas con aliados como el PRO, la UCR, Argentina Federal, Producción y Trabajo y La Neuquinidad para quedarse con el despacho principal.
El trasfondo es más grande que una rosca de comisión. Discapacidad quedó metida en el centro del Presupuesto 2027, en la tensión por el gasto social y en la crisis de confianza alrededor de ANDIS. En las últimas semanas hubo discusión por el nomenclador, renuncias y nombramientos en el área, y reclamos de prestadores y familias que no quieren quedar atrapados entre promesas de orden fiscal y atrasos concretos.
Incluso los aliados marcaron distancia. Agencia Noticias Argentinas (abre en una ventana nueva) informó que el PRO criticó el manejo errático del Gobierno en discapacidad y dijo que acompañar el cambio también implica poner límites. Ese mensaje convive con el dato parlamentario duro: sin esos acompañamientos, el dictamen de mayoría no salía.
¿Qué mirar ahora? Primero, si el oficialismo logra llevar el texto al recinto sin que la oposición bloquee el procedimiento. Segundo, qué partidas concretas quedan atadas a la actualización de prestaciones y pensiones. Tercero, si el Gobierno puede convertir una concesión parlamentaria en política pública estable. Porque el dictamen mueve el tablero, sí. Pero para las personas con discapacidad, sus familias y los prestadores, la pregunta importante sigue siendo menos abstracta: cuándo se paga, cuánto se actualiza y quién queda cubierto.
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