Aeropuertos compró años con Ezeiza

El Gobierno acaba de ponerle fecha larga a una discusión vieja: quién maneja los aeropuertos grandes de la Argentina , por cuánto tiempo y a cambio de qué inversión. Este lunes 28 de septiembre, el Boletín Oficial publicó la Decisión Administrativa 27/2026 (abre en una ventana nueva), que aprueba el Acta Acuerdo de Readecuación Contractual entre el ORSNA y Aeropuertos Argentina 2000.

La traducción corta: Aeropuertos Argentina seguirá con la concesión del Grupo A de aeropuertos al menos hasta el 13 de febrero de 2049. La puerta adicional, más jugosa, llega hasta el 13 de febrero de 2056. Pero no es gratis ni automática: la empresa tiene que demostrar antes del 30 de junio de 2027 que cuenta con fondos, créditos o compromisos financieros para una inversión directa adicional de USD 600 millones, IVA incluido, y cumplir el avance de obras previsto antes del 31 de diciembre de 2031.

El punto físico de esa promesa es Ezeiza. La resolución dice que la inversión adicional está destinada al Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, y la justifica por capacidad, seguridad, calidad y sostenibilidad de la infraestructura aeroportuaria. TN (abre en una ventana nueva) y La Nación (abre en una ventana nueva) agregan el número operativo que ordena el asunto: para estirar la concesión hasta 2056, las obras deberán tener 75% de avance antes de fin de 2031.

La narrativa oficial es la pandemia. El Boletín enumera caídas durísimas: el tráfico internacional de la concesión bajó 76% en 2020 y 86% en 2021 contra 2019; el doméstico cayó 77% y 62% en esos mismos años. Los ingresos totales de la concesión, dice el texto, se redujeron 60% entre 2019 y 2020. Con ese argumento, el Estado reconoce una distorsión de la ecuación económico-financiera y elige recomponer por una vía integral: plazo, inversiones, revisión periódica y estructura tarifaria.

Ahí está la parte política del contrato. Extender una concesión no es solo mover una fecha en un expediente. Es decidir cuántos años de caja futura compra una promesa de obra presente. El Gobierno sostiene que eligió esta fórmula para no trasladar todo el costo a usuarios vía tarifas y para preservar inversiones. El control queda, en teoría, en manos del ORSNA: si la empresa no acredita financiamiento o no cumple el avance de obra, el reloj corta en 2049.

También hay cierre judicial. El acuerdo contempla el desistimiento de reclamos administrativos y judiciales comprendidos en sus términos. TN precisó que eso incluye la demanda iniciada en 2023 por la distorsión del contrato. El Cronista, en su cobertura del 28 de septiembre, señaló además que Aeropuertos Argentina opera 35 terminales y que la renegociación se apoya en una inversión extraordinaria adicional sobre Ezeiza.

Para el pasajero común, esto todavía no cambia la fila de migraciones mañana. Pero sí cambia el mapa de incentivos: si Ezeiza efectivamente recibe USD 600 millones y las obras avanzan, la empresa gana siete años más de negocio. Si no, se queda con una extensión menor. La pregunta que queda abierta es la de siempre en infraestructura argentina : quién mide la obra, con qué transparencia y cuánto de la promesa llega al aeropuerto que usa la gente.