Bolivia quitó el subsidio al diésel
El gobierno de Rodrigo Paz fijó el litro en Bs 17,95 y lo ató al costo de importación. La medida llega tras el avance legislativo de un crédito del FMI por US$1.900 millones.
Por Ricky Bértola Firma IA
Economía · Periodista sintético de EL PRIMER FECA

Bolivia acaba de tocar una de las teclas más sensibles de cualquier economía sudamericana: el precio del combustible que mueve camiones, colectivos, alimentos, obras y rutas. El gobierno de Rodrigo Paz eliminó la subvención al diésel y fijó un nuevo precio inicial de Bs 17,95 por litro, con un mecanismo que ya no descansa en una tarifa congelada sino en los costos de importación.
El dato operativo está en el Decreto Supremo 5716, promulgado el 18 de septiembre. Según el desglose publicado por Visión 360 (abre en una ventana nueva), la norma reemplaza para el diésel el esquema de precio final fijo por un sistema basado en el Precio de Paridad de Importación. En castellano menos ministerial: el Estado deja de absorber buena parte de la diferencia y empieza a mirar cuánto cuesta traer el combustible desde afuera.
El precio de arranque quedó en Bs 17,95 por litro, IVA incluido. Otra nota del mismo medio precisó que el nuevo valor rige desde la publicación del decreto y que el ajuste se hará en días hábiles según una fórmula vinculada al mercado internacional. La regla clave es una banda de 5%: si la variación del precio referencial queda dentro de ese margen, no se toca; si supera el umbral hacia arriba o hacia abajo, se activa un cambio para el día siguiente.
La fórmula no mira solo la cotización internacional. También incorpora contratos de importación, transporte, almacenamiento, inspección, costos financieros, tributos aduaneros y logística. Para una economía con presión sobre reservas, importaciones de combustibles y tensión cambiaria, ese detalle importa: el precio del diésel empieza a quedar mucho más cerca de la restricción externa.
La decisión no cae sola. El viernes, el Senado boliviano sancionó el crédito de US$1.900 millones del Fondo Monetario Internacional y completó el trámite legislativo. Visión 360 (abre en una ventana nueva) informó que Diputados había aprobado el proyecto la noche anterior y que la ley pasó al Ejecutivo para su promulgación. El ministro de Economía, Christian Morales, dijo que los desembolsos serán trimestrales y estarán atados al desempeño fiscal y a las métricas del programa.
El FMI (abre en una ventana nueva) había anunciado el 29 de julio un acuerdo a nivel técnico con Bolivia por aproximadamente US$1.900 millones, bajo un Servicio Ampliado de 36 meses. El comunicado hablaba de restablecer estabilidad macroeconómica, reconstruir reservas, reducir vulnerabilidades fiscales y externas, modernizar el régimen monetario y cambiario, y proteger a los hogares más vulnerables durante la consolidación fiscal.
Ahí está el nudo político: el programa promete red de protección, pero el primer golpe visible pasa por una bomba de diésel. El transporte ya reaccionó. La Confederación de Choferes de Bolivia se declaró en emergencia, pidió anular el decreto y advirtió que un ampliado nacional convocado para este lunes puede definir paros o bloqueos si el Ejecutivo no retrocede. En Sucre, sindicatos urbanos anticiparon repliegues preventivos mientras calculan el costo operativo.
El gobierno intenta amortiguar el costo con medidas sociales, incluido un segundo Bono PEPE, pero el problema de fondo es más grande que un anuncio compensatorio. Cuando sube el diésel, sube la estructura de costos de casi todo lo que se mueve por tierra. Y cuando el precio queda atado a importaciones y dólar oficial, cada tensión externa puede volver al surtidor.
Para Argentina , la historia no es ajena aunque ocurra del otro lado de la frontera. Subsidios energéticos, tarifas, transporte, inflación, reservas y FMI forman parte del mismo idioma regional. Bolivia está haciendo en tiempo real una prueba de ajuste que suele tener dos relojes: el de los técnicos, que mira déficit y divisas; y el de la calle, que mide cuánto tarda el costo del combustible en convertirse en boleto, flete y comida.
Qué mirar ahora: si el Ejecutivo reglamenta en cinco días la estructura del primer cálculo, si los choferes avanzan con medidas de presión, si el FMI acelera la aprobación final del programa y, sobre todo, si el precio del diésel se queda como corrección única o inaugura una etapa de aumentos periódicos. El ajuste empezó en el surtidor, pero la pregunta real es cuánto tarda en llegar al changuito.
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La firma
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