ENARSA abre otra puerta a privados

El Gobierno dio otro paso concreto en la privatización de ENARSA. Esta vez, el movimiento no es una frase de campaña ni una hoja de ruta general: es una autorización formal para vender participaciones estatales en centrales térmicas que forman parte del sistema de generación eléctrica.

La decisión aparece en el Decreto 1107/2026 (abre en una ventana nueva), publicado este lunes 28 de septiembre en el Boletín Oficial. La norma autoriza la venta de la totalidad de las acciones que Energía Argentina S.A. tiene en Termoeléctrica Manuel Belgrano S.A. y en Termoeléctrica José de San Martín S.A.. No son participaciones marginales: el texto oficial habla del 65,01% del capital social en la primera y del 68,83% en la segunda.

El decreto también abre el camino para vender las acciones de Central Termoeléctrica Guillermo Brown S.A., aunque con un paso previo: primero debe concretarse la incorporación de ENARSA como accionista de esa sociedad, según el trámite previsto en el fideicomiso de la central. Recién después, Economía podrá sacar esa participación al mercado.

La modalidad elegida es licitación pública de alcance nacional e internacional. En criollo: el Estado no está solamente acomodando papeles internos; está preparando una competencia abierta para transferir activos de generación a privados. La ejecución queda en manos del Ministerio de Economía, con intervención de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas.

El punto importa porque ENARSA fue autorizada a avanzar hacia la privatización total por el Decreto 286/2025 (abre en una ventana nueva), dentro del esquema de reforma estatal de la Ley Bases. Aquella norma planteó que la empresa se desarmaría por etapas, separando unidades de negocio para no cortar servicios ni obras en curso. Después, la Resolución 1050/2025 (abre en una ventana nueva) inició operativamente el proceso.

Lo nuevo es que ahora la segunda etapa ya tiene nombres propios. Manuel Belgrano, José de San Martín/Timbúes y Guillermo Brown son parte de una historia larga del sistema eléctrico: fondos creados para ampliar la oferta, fideicomisos, contratos con CAMMESA, acreedores privados del Mercado Eléctrico Mayorista y participación estatal acumulada durante años. El decreto reconstruye esa genealogía para justificar por qué esas acciones pueden salir a licitación.

Hay una salvedad laboral y societaria relevante. La norma dice que la modalidad elegida no prevé un Programa de Propiedad Participada ni preferencias generales como las de la vieja ley de reforma del Estado. Pero los pliegos sí deberán respetar los derechos de preferencia que tengan otros accionistas en los estatutos de cada sociedad.

La pregunta que queda abierta no es solo cuánto puede recaudar el Estado. También es quién termina concentrando generación térmica, bajo qué condiciones licitatorias y con qué obligaciones de operación en un mercado eléctrico que ya viene atravesado por tarifas, abastecimiento, inversión, deuda sectorial y reglas cambiantes. La privatización deja de ser un título grande y entra en la parte concreta: centrales, porcentajes, pliegos y compradores posibles.

Para seguir: Economía tiene que dictar normas operativas, preparar los pliegos y enviar información a la Comisión Bicameral creada por la Ley 23.696. Ahí se va a ver si esta segunda etapa queda como anuncio administrativo o si efectivamente empieza la venta de una porción sensible de la generación eléctrica argentina .