Casación sostuvo los embargos de Vialidad

La causa Vialidad volvió a moverse por el costado patrimonial. La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó una queja de Cristina Fernández de Kirchner y dejó en pie los embargos preventivos sobre bienes vinculados a Hotesur S.A. y Los Sauces S.A., incluido el departamento de San José 1111, donde la expresidenta cumple su condena bajo arresto domiciliario.

El dato central no es que haya decomiso definitivo: todavía no. Lo que resolvió Casación, según publicaron Infobae (abre en una ventana nueva) y MDZ (abre en una ventana nueva) el 14 de septiembre de 2026, es que la discusión todavía está en etapa cautelar. Dicho simple: los bienes quedan congelados mientras el Tribunal Oral Federal 2 define qué pasa con el eventual recupero patrimonial de la condena.

La discusión fina

La defensa, encabezada por Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, intentó llevar la pelea a Casación con un argumento fuerte: que el embargo sobre ese inmueble podía producir efectos concretos sobre la situación patrimonial y habitacional de Cristina Kirchner y debía ser tratado como una decisión equiparable a definitiva. Si el tribunal aceptaba esa lectura, abría una vía de revisión más amplia sobre la medida.

La Sala IV no compró ese encuadre. De acuerdo con la reconstrucción de MDZ, los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña marcaron que el objeto en discusión era el embargo preventivo, no el decomiso final. Esa diferencia fue el corazón de la resolución: el TOF 2 todavía no decidió si esos activos serán efectivamente decomisados, por lo que el perjuicio invocado por la defensa quedó, para los camaristas, en el terreno de lo eventual.

El Tribuno (abre en una ventana nueva) también consignó este martes 15 que la medida busca garantizar el cumplimiento del decomiso dispuesto en el expediente. En criollo judicial: antes de discutir si el Estado se queda definitivamente con determinados bienes, el tribunal preserva esos activos para que no se esfumen de la escena patrimonial.

Por qué importa

Vialidad ya tiene una condena penal firme en el plano político y judicial: seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos para Cristina Kirchner. Pero la ejecución económica de una sentencia suele ser otra batalla, menos televisiva y más técnica. Ahí entran los embargos, las sociedades, la titularidad registral, los bienes de familiares y la pregunta de hasta dónde llega el decomiso cuando el expediente mezcla obra pública, administración societaria y patrimonio familiar.

La resolución de Casación no cierra esa pelea. La ordena. Le dice a la defensa que esta cautelar no frena el trámite y que el expediente debe seguir su curso en el tribunal oral. Eso deja al TOF 2 con el asunto caliente: decidir qué bienes quedan finalmente afectados y bajo qué fundamento.

El detalle político es obvio, pero conviene no sobreactuarlo. No es una nueva condena. No es una orden de desalojo. Tampoco es una absolución patrimonial. Es una decisión procesal que mantiene congelado el tablero mientras se discute una consecuencia material de la condena: la plata, los inmuebles y la posibilidad de recuperar activos.

Qué mirar ahora: si la defensa intenta llevar el planteo por otra vía, cómo resuelve el TOF 2 el decomiso definitivo y si el expediente separa con precisión bienes personales, bienes societarios y activos atribuidos a los hijos de la expresidenta. Ahí se juega una parte menos ruidosa, pero muy concreta, del final de Vialidad.