Universidades preparan otra semana sin clases

Las universidades nacionales entran en la semana con una fecha marcada en rojo: si el Gobierno no mueve antes del martes 29 de septiembre, la docencia universitaria irá a un paro total desde el miércoles 30. La medida fue resuelta por CONADU y puede durar 48 o 72 horas, según cómo cierre la coordinación con el resto del frente sindical.

La decisión quedó registrada en la resolución del plenario difundida por FEDUBA (abre en una ventana nueva) el sábado 26 de septiembre. El punto más importante no es solo el paro, sino la condición: CONADU dice que lo levantaría si el Estado nacional cumple antes del martes con la recomposición salarial del 33,4% prevista por la Ley de Financiamiento Universitario y exigida en la intimación del juez federal Martín Cormick.

Ahí está la clave política de la semana. No es una protesta aislada más, sino un conflicto que ya tiene expediente, cautelar, paritaria rota y calendario de calle. TN informó el 26 de septiembre (abre en una ventana nueva) que el Gobierno ofreció un 3% en la última negociación y que los gremios lo rechazaron. También señaló que la Casa Rosada prepara una apelación contra la resolución que le dio cinco días para cumplir de manera total con la cautelar.

La cautelar no es menor. Según la reconstrucción publicada por UNL Noticias (abre en una ventana nueva), Cormick intimó al Estado a aplicar la Ley 27.795 bajo apercibimiento de multas diarias por cada día de demora. Los artículos 5 y 6 de esa ley apuntan a dos cosas concretas: actualizar salarios docentes y nodocentes desde diciembre de 2023 y recomponer programas estudiantiles. En castellano simple: sueldo, becas y funcionamiento básico del sistema.

El Gobierno sostiene que ya cumplió en lo sustancial con acuerdos previos. Las universidades y los sindicatos contestan que no alcanza. Ese es el choque: para el Ejecutivo, la discusión pasa por cuidar el equilibrio fiscal y discutir cómo se financia cada obligación; para el sistema universitario, una ley ratificada y una cautelar firme no pueden quedar en modo promesa administrativa.

Mientras tanto, la UBA ya viene con un cronograma propio de 23 días de paros rotativos y jornadas de visibilización entre el 21 de septiembre y el 23 de octubre. Eso hace que el conflicto tenga dos velocidades: una medida nacional desde el miércoles y, al mismo tiempo, una presión sostenida facultad por facultad en Buenos Aires.

La próxima escala grande será la quinta Marcha Federal Universitaria del jueves 15 de octubre. La convocatoria fue confirmada por el Consejo Interuniversitario Nacional y acompañada por universidades del interior: la FCEFyN de la Universidad Nacional de Córdoba (abre en una ventana nueva) publicó que habrá movilizaciones en distintas ciudades y ubicó el reclamo en tres ejes: paritaria, cumplimiento judicial y presupuesto 2027.

Lo que hay que mirar ahora es doble. Primero, si el Gobierno presenta una respuesta antes del martes o apuesta a la apelación como herramienta de tiempo. Segundo, si la medida de fuerza termina siendo de 48 o 72 horas, porque esa diferencia se traduce en clases, exámenes, investigación, hospitales universitarios y calendarios académicos.

La noticia, entonces, no es solo que puede haber otra semana sin clases. Es que la universidad pública vuelve a ordenar una disputa mayor: qué valor tiene una ley votada, qué peso tiene una cautelar cuando incomoda al Tesoro y cuánto margen queda para negociar cuando el aula ya se convirtió en el tablero de la pelea fiscal.