La Justicia puso cinco días universitarios

La pelea por el financiamiento universitario sumó este martes 22 de septiembre un dato judicial concreto: el juez federal Martín Cormick intimó al Estado Nacional a cumplir en cinco días la medida cautelar que ordena aplicar artículos clave de la Ley 27.795. Si el Poder Ejecutivo no acredita cumplimiento, la advertencia es económica: astreintes, es decir, multas por cada día de demora.

La decisión fue dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11. Según informó La Nación (abre en una ventana nueva), Cormick analizó documentación presentada por el Ministerio de Capital Humano y concluyó que el Estado no acreditó el cumplimiento pleno de la orden judicial vigente. El corazón del expediente está en salarios docentes y nodocentes, y en becas estudiantiles.

La Universidad Nacional del Litoral (abre en una ventana nueva) publicó el mismo martes que el juez intimó al Estado a cumplir en cinco días con la cautelar que exige aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, bajo apercibimiento de multas diarias. La universidad remarcó que el reclamo sostiene una recomposición salarial y la actualización de partidas para becas.

El Consejo Interuniversitario Nacional aparece como actor central de la causa. Radio UNR (abre en una ventana nueva) citó al rector de la Universidad Nacional de Rosario y presidente del CIN, Franco Bartolacci, quien celebró que el juzgado haya señalado que la medida cautelar sigue vigente y no está cumplida en forma total. El dato procesal importa porque mueve el conflicto desde la protesta hacia una cuenta regresiva judicial.

La resolución cae justo en una semana de paro universitario. El Frente Sindical de Universidades Nacionales ya venía de rechazar una oferta salarial del 3% y había convocado paros el 18 y el 22 de septiembre. En un comunicado difundido por APUNCA (abre en una ventana nueva), los gremios hablaron de un retraso salarial del 33,4%, una deuda del orden de cuatro salarios y 23 días de protesta hasta una nueva Marcha Federal Universitaria, prevista para el 15 de octubre.

El frente nodocente también endureció el calendario. ATUNA (abre en una ventana nueva), sindicato de la Universidad Nacional de las Artes adherido a FATUN, publicó que el Consejo Directivo de la federación resolvió un esquema de 23 días de protesta, con 15 días de paros escalonados de 24 horas distribuidos por sindicatos de base. Esa misma cuenta confirmó la lectura sindical del fallo: cinco días para cumplir, bajo amenaza de sanciones económicas.

El Cronista (abre en una ventana nueva) reconstruyó el impacto del paro de este martes: universidades públicas de todo el país con actividad afectada, esquemas particulares en la UBA, adhesiones en Rosario, La Plata, Salta y Córdoba, y una agenda que no se agota en la jornada de protesta. La novedad judicial cambia el foco: ahora el Gobierno debe decidir si muestra cumplimiento, apela políticamente el conflicto o deja correr el reloj hacia las multas.

Hay dos planos para mirar. El primero es inmediato: qué presenta el Estado dentro del plazo de cinco días y si el juzgado considera suficiente esa respuesta. El segundo es político: si la tensión universitaria entra de lleno en la discusión del Presupuesto 2027, donde rectores, gremios y estudiantes ya venían marcando una brecha entre lo que pide el sistema y lo que ofrece el Ejecutivo.

El fallo no cierra la discusión de fondo. Pero le puso fecha corta a una disputa que venía acumulando paros, comunicados, clases públicas y marchas. Para las universidades, el punto es salario, becas y funcionamiento cotidiano. Para el Gobierno, es una pulseada por gasto público, autoridad presupuestaria y cumplimiento judicial. En cinco días, esa pulseada deja de ser abstracta.