Spagnuolo quedó más cerca del juicio oral

La causa ANDIS dejó de estar solamente en la etapa de escándalo político y entró en una zona judicial más dura: la Cámara Federal confirmó este martes 22 de septiembre los procesamientos de Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, y de otras 18 personas investigadas por presuntas maniobras de corrupción en compras de medicamentos e insumos de alto costo.

Según La Nación (abre en una ventana nueva), la decisión fue tomada por Eduardo Farah y Roberto Boico, jueces de la Sala II. La Cámara también rechazó un planteo de la familia Kovalivker, dueña de la Droguería Suizo Argentina , que buscaba anular la causa por el supuesto origen ilícito o adulterado de los audios atribuidos a Spagnuolo. Ese punto importa: el expediente no queda sostenido solo por la discusión pública sobre grabaciones, sino por comunicaciones, compras, adjudicaciones y documentación que los jueces consideraron suficiente para mantener la imputación.

El núcleo de la acusación es conocido, pero ahora quedó validado en la instancia de apelación. La hipótesis del fiscal Franco Picardi es que la agencia fue usada para direccionar contrataciones, simular competencia entre proveedores, pagar sobreprecios y generar retornos dentro de compras vinculadas a medicamentos e insumos de alto costo. El sistema bajo la lupa incluye prestaciones PACBI e insumos para personas con pensiones no contributivas sin cobertura médica.

Quórum (abre en una ventana nueva) reportó, tras acceder al fallo, que Spagnuolo, Daniel Garbellini, Miguel Ángel Calvete y otros 16 imputados quedaron procesados como paso previo a una eventual discusión de juicio oral. La misma cobertura señaló que el tribunal hizo suya parte de la lectura de Picardi sobre compras de medicamentos de alto valor y sobreprecios que, según la acusación, llegaron a decenas de miles de millones de pesos entre diciembre de 2023 y octubre de 2025.

Corta (abre en una ventana nueva) agregó que Spagnuolo sigue procesado por asociación ilícita, administración fraudulenta, cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública. También informó que los jueces mantuvieron el procesamiento de Garbellini y Calvete, y actualizaron el embargo del exdirector de ANDIS a más de $36.000 millones. Como siempre en esta etapa, procesamiento no es condena: es una decisión que mantiene abierta la acusación porque el tribunal ve elementos suficientes para avanzar.

El Ministerio Público Fiscal ya había dejado asentado el marco de la pesquisa. En abril, Fiscales.gob.ar (abre en una ventana nueva) informó que Picardi y Sergio Rodríguez describieron un esquema de direccionamiento y cartelización en compras de ANDIS, con el SIIPFIS como mecanismo de adjudicación y con Miguel Ángel Calvete señalado como articulador entre funcionarios y proveedores. Esa comunicación oficial habló de una operatoria que no se habría limitado a adjudicar contratos, sino también a distribuir ganancias.

El contexto político hace más pesada la resolución. ANDIS ya estaba bajo presión por auditorías, pensiones, prestadores, prestaciones básicas y presupuesto. Esta misma semana el Gobierno cambió la conducción del área tras la salida de Alejandro Vilches y la designación de Pablo Di Liscia. Pero este fallo corre por otra vía: no discute solamente cómo se financia la discapacidad, sino si una parte del Estado que debía cuidar prestaciones sensibles fue usada como maquinaria de negocios.

Qué mirar ahora: si el juzgado de instrucción acelera la elevación a juicio, si las defensas vuelven a insistir con la nulidad de los audios, si aparecen nuevos procesamientos a partir de las indagatorias pendientes, y si el Gobierno logra separar la discusión presupuestaria de una causa penal que vuelve a poner a ANDIS en el centro de la escena.