Cristina llevó Vialidad otra vez a la ONU

La defensa de Cristina Fernández de Kirchner volvió a mover la causa Vialidad hacia dos tableros al mismo tiempo: el internacional y el doméstico. Sus abogados anunciaron que incorporarán una supuesta “nueva prueba” a la presentación que ya hicieron ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y que también pedirán una revisión dentro de la justicia argentina .

La palabra clave es “supuesta”, porque todavía estamos ante el planteo de una parte. No hay un tribunal que haya dicho que ese elemento cambia la condena. Lo que sí hay es una estrategia jurídica y política nueva alrededor de una sentencia firme que mantiene a la expresidenta con prisión domiciliaria e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Según reconstruyó LA NACION (abre en una ventana nueva) el 15 de septiembre, Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego dieron una conferencia de prensa en Buenos Aires y dijeron haber encontrado datos de una base de Vialidad que surgió en el juicio Cuadernos. Beraldi sostuvo que esa información muestra cómo se habrían distribuido fondos del fideicomiso cuestionado en Vialidad entre el 29 de enero de 2009 y el 10 de diciembre de 2015.

El número que puso la defensa sobre la mesa es el centro de la discusión: de unos 2.000 millones de dólares, las empresas de Lázaro Báez habrían recibido alrededor del 0,85% o menos del 1%, según la presentación de los abogados. Para ellos, ese dato contradice una pieza de la acusación por la que Cristina Kirchner fue condenada. Para el sistema judicial, al menos hasta ahora, la sentencia sigue firme.

El País Argentina (abre en una ventana nueva) publicó el 16 de septiembre que la defensa busca sumar ese informe al reclamo ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, donde ya había pedido medidas vinculadas con la inhabilitación, la prisión domiciliaria y la composición de la Corte Suprema. La nota también recuerda el corazón del fallo: la condena a seis años por administración fraudulenta en la concesión de obra pública vial en Santa Cruz.

El punto delicado es qué puede hacer realmente la ONU. Un dictamen del Comité de Derechos Humanos puede tener peso político y jurídico, pero no funciona como una cámara de apelación automática de la Corte Suprema argentina . LA NACION subrayó ese límite: la Corte ya sostuvo en otros casos que los organismos internacionales no actúan como una “cuarta instancia” para revisar sentencias locales. La defensa, en cambio, sostiene que una recomendación favorable sería constitucionalmente relevante.

Los cruces de cobertura ayudan a no comprar el paquete cerrado de nadie. TN (abre en una ventana nueva) trató el hallazgo como una afirmación de los abogados y marcó el intento de usarlo para discutir la condena. Página/12 (abre en una ventana nueva) lo presentó desde la tesis de la defensa, con un tono mucho más afirmativo. En el medio queda el hecho verificable: el kirchnerismo tiene un nuevo argumento procesal y quiere instalarlo antes de que el calendario electoral 2027 termine de ordenar al peronismo.

Qué mirar ahora: si el documento se incorpora formalmente ante la ONU, si la justicia argentina acepta abrir una vía de revisión, y si el oficialismo y la oposición convierten un debate técnico sobre bases de datos de Vialidad en otra batalla total sobre proscripción, corrupción y poder judicial. La causa no se reabrió por arte de magia. Pero la defensa acaba de encontrar una palanca nueva, y en la Argentina una palanca judicial rara vez mueve sólo expedientes.