Malvinas suma una denuncia pesquera aduanera

La disputa por Malvinas sumó un frente menos vistoso que los aviones o el petróleo, pero igual de sensible: la pesca. La Justicia Federal en lo Penal Económico recibió una denuncia penal contra directivos y representantes de siete grupos pesqueros acusados por los denunciantes de explotar recursos del Atlántico Sur con licencias británicas emitidas desde las islas y sin autorización argentina .

Según publicó Infobae el 14 de septiembre de 2026 (abre en una ventana nueva), la presentación fue hecha por los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, integrantes de Reset Republicano. La causa quedó radicada en el Juzgado en lo Penal Económico N° 7, a cargo de Juan Pedro Galván Greenway. Ese dato importa: no es sólo una declaración política sobre soberanía, sino una hipótesis penal que entra por la puerta aduanera.

Qué se denuncia

La denuncia, de acuerdo con la reconstrucción de Infobae y TN (abre en una ventana nueva), apunta a Lanzal, Grupo Pereira, Pescapuerta, Copemar, Ferralmes, Hermanos Touza y Moradiña, junto con sociedades mixtas vinculadas a la operación pesquera en Malvinas. Entre los nombres mencionados aparecen Petrel Fishing Company, Argos Group, South Atlantic Squid, Castelo Fishing, Beaufort Fishing y Polar.

El planteo de los denunciantes es que esas empresas habrían capturado recursos vivos marinos en áreas que la Argentina considera parte de su plataforma continental y zona económica exclusiva, para luego exportarlos, trasbordarlos o descargarlos sin pasar por la fiscalización argentina . En esa lectura, las licencias británicas no serían una habilitación válida para el país, sino el mecanismo usado para esquivar el control de Aduana, Prefectura y el régimen pesquero nacional.

Hay que marcar la línea fina: esto todavía no está probado judicialmente. Es una denuncia, no una condena. Las empresas señaladas y sus directivos conservan presunción de inocencia, y el expediente tendrá que verificar hechos, jurisdicción, rutas comerciales, permisos, capturas, exportaciones y eventuales vínculos societarios.

La llave aduanera

TN informó que los denunciantes invocaron los artículos 863, 864 y 865 del Código Aduanero (abre en una ventana nueva), vinculados con impedir o dificultar el control aduanero y con exportación clandestina. También pidieron oficios a Prefectura Naval Argentina , INIDEP, Aduana e Inspección General de Justicia para reconstruir avistajes, identificación de buques, operaciones de exportación, pagos de derechos y posibles activos o filiales locales.

Ese es el giro interesante. Malvinas suele discutirse en términos de diplomacia, defensa o memoria histórica. Acá el expediente pregunta algo más seco: si hay mercadería argentina , si salió sin control argentino y si alguien puede ser perseguido bajo reglas de contrabando. Es una forma distinta de llevar la soberanía al mostrador del Estado: menos épica, más papeles, barcos y trazabilidad.

La cuestión pesquera tampoco aparece de la nada. TN recordó que la Ley Federal de Pesca (abre en una ventana nueva) ya incluye desde 2008 herramientas para sancionar vínculos con pesca sin permiso argentino en el área de Malvinas. El artículo 27 bis obliga a quienes reciben cuotas o autorizaciones locales a declarar que no tienen relaciones jurídicas, económicas o de beneficio con armadores que pesquen en aguas argentinas sin autorización nacional. Si se comprueba una violación, pueden caer permisos, cuotas o autorizaciones.

Qué mirar ahora

El primer movimiento será procesal: si el juzgado abre medidas, qué organismos contestan y si aparecen datos duros sobre buques, capturas, descargas, trasbordos o comercio exterior. El segundo será político: el Gobierno analiza sumar la pesca al paquete de sanciones por actividades económicas ligadas a Malvinas, que hasta ahora venía más asociado al petróleo y al proyecto Sea Lion.

La tercera pregunta es internacional. Varias firmas mencionadas tienen origen español o estructuras mixtas vinculadas a las islas, lo que puede abrir ruido con empresas europeas incluso si el caso avanza lento. Para la Argentina , la pesca no es un detalle lateral: es recurso natural, comercio, control marítimo y presencia estatal en el Atlántico Sur. Si la denuncia queda en gesto, será una pieza más del ruido malvinero. Si encuentra documentos y rutas, puede convertirse en el capítulo incómodo que faltaba: quién se queda con el mar cuando nadie mira el remito.