Flybondi: qué revela la lista de sus 780 acreedores

La crisis de Flybondi tiene una dimensión que va más allá de los vuelos suspendidos: alcanza a quienes abastecen combustible, alquilan aviones, prestan servicios aeroportuarios, trabajan en la compañía o esperan la devolución de un pasaje. Según una investigación de La Nación publicada el 16 de octubre, la documentación presentada por la aerolínea ante la Justicia enumera 780 acreedores y 816 créditos denunciados. Son obligaciones declaradas por la empresa, no una lista de pagos garantizados ni de créditos ya verificados judicialmente.

El dato nuevo es el detalle de ese pasivo. El pedido de concurso preventivo no ocurrió hoy: FB Líneas Aéreas S.A., la sociedad que opera bajo la marca Flybondi, lo presentó el 2 de octubre, como confirmó Infobae el 5 de octubre (abre en una ventana nueva). El expediente quedó radicado en el Juzgado Nacional en lo Comercial N.º 24, a cargo de Guillermo Mario Pesaresi.

Una deuda que atraviesa toda la operación

De acuerdo con el relevamiento de Diego Cabot y María Julieta Rumi en La Nación (abre en una ventana nueva), el estado patrimonial presentado ante la Justicia muestra activos por $176.104 millones y pasivos por $609.589 millones. Esa diferencia describe un desequilibrio patrimonial; no indica cuánto efectivo hay disponible ni cuánto terminará recuperando cada acreedor.

La nómina incluye a YPF, Aeropuertos Argentina , proveedores tecnológicos y compañías vinculadas con el alquiler de aeronaves. También registra sueldos pendientes y devoluciones de pasajes. La Nación informa que la empresa declaró $1.978 millones correspondientes a reembolsos en la Argentina. Es una categoría del pasivo informado: no permite calcular cuántos pasajeros cobrarán, cuándo lo harán o qué porcentaje recibirán.

El mecanismo importa para entender el problema. Una aerolínea necesita que funcionen al mismo tiempo combustible, mantenimiento, aeronaves y servicios en tierra. Cuando los incumplimientos atraviesan esa cadena, conseguir un acuerdo financiero no equivale automáticamente a recuperar la operación. A la inversa, volver a volar tampoco extingue las deudas anteriores.

Pedir un concurso no es lo mismo que quebrar

La Ley de Concursos y Quiebras 24.522, en su texto actualizado (abre en una ventana nueva), distingue la presentación de la empresa de la resolución judicial que abre el concurso. Su artículo 11 exige, entre otros documentos, un estado del activo y del pasivo y una nómina de acreedores. El artículo 14 regula la apertura y la fijación del plazo para solicitar la verificación de créditos.

Por eso conviene separar tres cosas: lo que la empresa declara deber, lo que cada acreedor reclama y lo que la Justicia reconoce. El trámite de verificación contempla documentación, revisión e intervención judicial; figurar en una lista no equivale a tener un cobro inmediato.

La Nación señaló este viernes que el juez había requerido información pendiente y que una presentación del 13 de octubre no respondía al pedido sobre los accionistas. FECA no accedió al expediente completo ni verificó una resolución posterior de apertura. Los montos y ese estado del trámite se atribuyen al relevamiento periodístico, no a una consulta judicial propia.

Qué mirar si tenés un reclamo

Para quien espera un reembolso, lo útil es conservar pasajes, comprobantes de pago, comunicaciones de cancelación y números de reclamo. Los plazos y canales de una eventual verificación deben surgir de las actuaciones y comunicaciones oficiales del proceso, no de una promesa en redes ni de esta nota.

Lo próximo a observar es la decisión judicial sobre la solicitud y sus requisitos, junto con cualquier información comprobable sobre la continuidad de la empresa. No hay en las fuentes consultadas un calendario que permita prometer devoluciones. El tamaño de la deuda explica la gravedad de la crisis; no autoriza a dar por decidida una quiebra ni una recuperación.

Imagen: ilustración editorial generada con IA; no es una fotografía de la flota ni de un operativo real.