La Justicia puso a Lugones y PAMI bajo investigación

La pelea por las prestaciones de discapacidad sumó un giro judicial más pesado. La Justicia Federal de Córdoba ordenó investigar al ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, y al titular del PAMI, Esteban Leguizamo, por el presunto incumplimiento de resoluciones que exigían regularizar pagos a prestadores.

Según publicó LA NACION (abre en una ventana nueva) este lunes 21 de septiembre, la decisión la tomó el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja. El magistrado remitió las actuaciones al Ministerio Público Fiscal para que el fiscal federal Carlos Casas Nóblega evalúe si la conducta de los funcionarios puede encuadrar en desobediencia a una orden judicial y, eventualmente, incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El origen no es nuevo, pero el escalón sí. El expediente nació por un amparo colectivo impulsado por personas con discapacidad, familiares e instituciones que denunciaron atrasos en pagos canalizados por PAMI e Incluir Salud. En mayo, Vaca Narvaja había dictado una cautelar para que esos pagos se regularizaran con urgencia. El Foro Permanente de Discapacidad (abre en una ventana nueva) registró entonces que la orden daba 72 horas al PAMI y a Incluir Salud para normalizar la cadena de pagos a prestadores.

La novedad de ahora es que el juez considera que el incumplimiento no quedó como una demora administrativa más. Página/12 Córdoba (abre en una ventana nueva) reconstruyó que el juzgado habló de un “continuo incumplimiento” de las resoluciones judiciales y ubicó el caso dentro de un frente más amplio: en los tribunales cordobeses se acumulan unos 440 expedientes vinculados con discapacidad, cobertura y demoras en certificados o prestaciones.

El punto público es delicado porque no se trata solo de contabilidad estatal. Cuando un pago a prestadores se frena, puede caer una terapia, una medicación, un traslado, una atención diaria o la continuidad de un centro. Para familias y personas con discapacidad, cada atraso administrativo se mide en interrupciones concretas. Para el Estado, en cambio, la discusión suele aparecer en planillas, nomencladores, reasignaciones y cambios de gestión.

Cba24n (abre en una ventana nueva) también reportó la decisión y citó la explicación pública del juez en Canal 10: la causa partió de un amparo colectivo y de una cautelar que ordenaba cumplir con los pagos correspondientes a personas cubiertas por pensiones y a los prestadores que las atienden.

El Gobierno puede defender que hubo reorganización administrativa, reasignación de programas y regularización progresiva. Esa línea ya había aparecido en las respuestas oficiales de mayo, cuando Incluir Salud atribuyó demoras al traslado del programa al Ministerio de Salud y a nuevos estándares de gestión. Pero el paso de la causa a Fiscalía cambia el terreno: ahora no solo se discute si se pagó tarde, sino si altos funcionarios desoyeron una orden judicial vigente.

Qué mirar ahora: si el fiscal Casas Nóblega abre medidas, pide documentación al PAMI y al Ministerio de Salud, cita a funcionarios o archiva; si el juzgado vuelve a ejecutar órdenes sobre pagos pendientes; y si el conflicto de discapacidad entra en el debate presupuestario con un dato incómodo sobre la mesa. La pregunta dejó de ser únicamente cuánto se debe. También es quién responde cuando una sentencia dice pagar y la prestación igual se corta.