Universidades llevaron al Congreso el agujero presupuestario

Las universidades públicas llevaron al Congreso una cuenta que no entra cómoda en el Presupuesto 2027. El Consejo Interuniversitario Nacional presentó ante legisladores su propuesta para el año que viene: $11,005 billones como piso para sostener el funcionamiento del sistema, cumplir la Ley de Financiamiento Universitario y evitar otro año de parches.

La presentación fue el miércoles 16 de septiembre, a las 14.30, en el Anexo A del Congreso. El CIN había anunciado (abre en una ventana nueva) que la exposición estaría a cargo de Franco Bartolacci, presidente del organismo y rector de la Universidad Nacional de Rosario; Anselmo Torres, vicepresidente y rector de la Universidad Nacional de Río Negro; y Mónica Biasone y Carlos Greco, titulares de la Comisión de Asuntos Económicos. También fueron convocados rectores de todo el país y representantes estudiantiles, docentes y nodocentes.

El dato político es el contraste. El proyecto oficial de Presupuesto 2027 está publicado en la Oficina Nacional de Presupuesto (abre en una ventana nueva), con una planilla específica para universidades nacionales. Según reconstruyó LA NACION (abre en una ventana nueva) el 16 de septiembre, el Gobierno contempla $7.349.082.049.312 para el conjunto de las universidades nacionales. La diferencia con lo pedido por el CIN queda cerca de los $4 billones.

No es una pulseada abstracta por una línea de Excel. Los rectores dicen que su cálculo sale de sumar el crédito previsto para 2026, la recomposición necesaria para aplicar plenamente la Ley de Financiamiento Universitario y partidas de funcionamiento que quedaron retrasadas. El CIN ya había aprobado el proyecto el 4 de septiembre en su 96° Plenario de Rectoras y Rectores, reunido en Bariloche, y lo presentó como una demanda de previsibilidad: saber si las universidades podrán pagar salarios, mantener edificios, sostener becas, laboratorios, hospitales universitarios y colegios preuniversitarios.

La brecha

LA NACION agregó una foto fina de esa brecha: los gastos de personal estimados por el CIN, por $8,368 billones, ya superarían el presupuesto total que prevé el Gobierno para universidades en 2027. En la misma reunión, Bartolacci advirtió que, si se proyectan los salarios actuales de una universidad por trece meses, queda casi nada para funcionamiento. Greco planteó que el proyecto oficial anualiza el presupuesto vigente con apenas 20% de aumento para gastos de funcionamiento.

El trasfondo es la ley universitaria que el Congreso aprobó y sostuvo frente al Ejecutivo. Para el CIN, no alcanza con discutir el número del año que viene si antes no se cumple la actualización pendiente de salarios y becas. En su comunicado, el organismo sostuvo que tan importante como reparar lo perdido hacia atrás es tener un Presupuesto 2027 que garantice recursos indispensables hacia adelante.

El Gobierno, por su parte, llega a esta discusión con una promesa macro: sostener superávit financiero, bajar inflación y ordenar el gasto. Ahí aparece el choque. Cuando el Presupuesto se mira desde la planilla general, la universidad compite con todas las demás prioridades fiscales. Cuando se mira desde los campus, el ajuste ya no es una abstracción: es si hay cargos docentes, aulas abiertas, mantenimiento, investigación, extensión y becas suficientes.

Qué mirar ahora: si el Congreso mueve la planilla universitaria durante el debate presupuestario, si el Ejecutivo abre una negociación real con el CIN y qué pasa con la paritaria docente y nodocente. La universidad pública no se define sólo en una marcha grande. También se define en esta letra chica: cuánto pone el Estado, cuánto se actualiza y quién paga el costo cuando la cuenta no cierra.