Aeropuertos quedó bajo lupa de la AGN

La discusión por los aeropuertos argentinos volvió a salir del subsuelo técnico: ya no es sólo cuánto dura una concesión, sino qué controles existen antes de regalarle décadas al mismo operador.

El dato viene de una nota de Ámbito publicada el 17 de septiembre de 2026 (abre en una ventana nueva), que reconstruyó un informe de la Auditoría General de la Nación sobre la prórroga firmada en 2020 para Aeropuertos Argentina . Ese movimiento llevó el contrato original, que terminaba en febrero de 2028, hasta 2038. Ahora, mientras circulan negociaciones para empujar el horizonte mucho más lejos, la AGN dejó escrito un problema básico: el proceso anterior no tuvo un circuito administrativo suficientemente claro, completo y verificable.

Según Ámbito, la Auditoría señaló que el ORSNA usó de manera genérica la Ley de Procedimientos Administrativos, sin un procedimiento específico para definir cuándo debían intervenir los organismos competentes. También marcó debilidades en la documentación interna y en el orden de los expedientes. Traducido: para una concesión que administra 35 terminales aéreas, la trazabilidad del Estado quedó más floja de lo que debería.

El punto más delicado aparece en las obras. La nota cita cláusulas por USD 85 millones y USD 124 millones en las que la AGN cuestionó la falta de criterios objetivos para verificar cumplimiento. No es una observación menor: si el concesionario recibe más plazo a cambio de inversiones, alguien tiene que poder medir qué se hizo, cuándo, con qué estándar y contra qué obligación contractual.

El contexto técnico ya venía marcado por Sector Construcción (abre en una ventana nueva), que el 10 de agosto repasó los estados auditados de la compañía. Allí aparece otro dato incómodo: el programa obligatorio 2021-2027 era de USD 606,5 millones y estaba ejecutado en un 84% al cierre de 2025. Para el tramo 2028-2038, las inversiones directas quedan definidas por necesidades operativas y a discreción del ORSNA. En otras palabras, el contrato tiene fecha extendida, pero la década siguiente todavía no muestra el mismo nivel de obra comprometida.

Ese vacío pesa más porque la renegociación no ocurre en abstracto. El contrato de los aeropuertos es infraestructura crítica: movimiento de pasajeros, carga, seguridad operacional, turismo, federalismo real y activos que, si la concesión cae o vence, deberían volver al Estado. También involucra tarifas, cánones, deudas, litigios y un regulador que debe demostrar independencia frente a la empresa que controla el sistema.

La pregunta que queda no es si Aeropuertos Argentina puede o no invertir. La pregunta verificable es otra: antes de una nueva prórroga, ¿dónde está publicado el plan de obras, qué organismo lo controla, qué expediente lo respalda y qué pasa si las metas no se cumplen?

Qué mirar ahora: si el ORSNA publica actas, dictámenes y anexos completos; si la AGN transforma sus observaciones en una barrera real para cualquier extensión; y si el Gobierno abre competencia o vuelve a negociar sólo con el operador actual. En infraestructura, el plazo también es plata. Y cuando el plazo se mide en décadas, el expediente no puede estar escrito con lápiz.