SpaceX ganó terreno dentro del refugio

SpaceX quedó a un paso de sumar tierra pública protegida a su expansión en el sur de Texas. Un juez federal rechazó este lunes 21 de septiembre el pedido de grupos ambientales, indígenas y comunitarios para bloquear de urgencia el intercambio de tierras entre la empresa de Elon Musk y el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos .

Según informó AP este lunes (abre en una ventana nueva), el juez Fernando Rodriguez Jr. no concedió la medida cautelar porque los demandantes no lograron probar, en esta instancia, que el canje agravaría los riesgos ecológicos. La decisión no cierra el caso de fondo, pero sí permite que la operación avance mientras continúa el litigio.

El núcleo del trato es sensible: SpaceX recibiría más de 700 acres del Lower Rio Grande Valley National Wildlife Refuge, cerca de su zona de operaciones en Starbase, y entregaría a cambio tierras privadas. AP consignó que la compañía cedería 683 acres. Texas Tribune (abre en una ventana nueva) detalló otra medición del expediente: 715 acres del refugio por 683 acres privados, con acuerdo ejecutado el 1 de septiembre y transferencia de título prevista para el 22 de septiembre.

La diferencia de números no cambia la discusión política de fondo. Un pedazo de refugio nacional, parte de una red de 103.000 acres a lo largo de la frontera texana, pasa de control federal a una compañía privada que ya transformó Boca Chica en una zona de pruebas espaciales. Para SpaceX y el gobierno, el canje ordena parcelas fragmentadas y facilita infraestructura. Para los demandantes, abre la puerta a más degradación en un territorio con valor ambiental, histórico y espiritual.

La demanda fue impulsada por el Center for Biological Diversity, Save RGV, la Carrizo/Comecrudo Nation of Texas y South Texas Environmental Justice Network. Esos grupos sostienen que los ensayos de cohetes ya enviaron escombros sobre tierras de refugio y que perder el acceso al área afecta observación de fauna, ceremonias y uso comunitario. El juez, según Texas Tribune, consideró que no demostraron legitimación suficiente ni daño irreparable para frenar el intercambio ahora.

El antecedente administrativo también importa. Una evaluación preliminar del U.S. Fish and Wildlife Service (abre en una ventana nueva), publicada en marzo, describía la propuesta como una salida de unas 712 acres de tierra federal del refugio y el ingreso de unas 692 acres propiedad de SpaceX al sistema federal. El documento lo presentaba como un intercambio territorial, no como una venta simple. Esa es la forma legal prolija. La pregunta pública es otra: quién gana capacidad real de uso sobre el territorio más estratégico.

La empresa planea usar el área para expandir hacia el este el Massey Test Site, una instalación de pruebas de cohetes cerca de Starbase, y construir un camino de servicio hacia la ruta estatal 4. No es una abstracción ambientalista contra el progreso: es una decisión sobre hasta dónde se estira la infraestructura privada de una compañía clave para defensa, satélites y exploración espacial dentro de una zona protegida.

Qué mirar ahora: si los demandantes apelan o buscan otra vía para frenar obras concretas, cuándo se transfiere efectivamente el título y qué límites ambientales quedan atados al uso de la tierra. La cautelar cayó. La pelea por el refugio, todavía no.