La Corte acorta plazos en la causa por tierras rurales

La Corte Suprema redujo de 72 a 24 horas el plazo para que las partes cuestionen la integración de dos conjueces en una causa sobre la Ley de Tierras. El movimiento acelera el trámite de un expediente que incluye un pedido de medida cautelar para recuperar restricciones a la compra de campos por extranjeros. Todavía no implica que esa cautelar haya sido concedida ni que exista una nueva sentencia sobre la constitucionalidad de la derogación.

La resolución del miércoles 7 de octubre fue informada por LA NACION, esa noche (abre en una ventana nueva), y por Minuto Uno, el 8 de octubre (abre en una ventana nueva). Ambos medios coinciden en los nombres de los magistrados y en la reducción del plazo. Esta nota se basa en esas coberturas; EL PRIMER FECA no accedió al documento judicial original.

Qué cambió en el expediente

Los conjueces son Diego Barroetaveña, de la Cámara Federal de Casación Penal, y Juan Ignacio Pérez Curci, de la Cámara Federal de Mendoza. Fueron convocados para completar la integración del tribunal en este caso, después de que sus tres miembros titulares no alcanzaran una posición común sobre cómo continuar.

Según la resolución citada por los medios, ambos aceptaron el cargo. El tribunal invocó las “particulares circunstancias de la causa” para acortar el tiempo necesario para que esa integración quede consentida. También habilitó días y horas inhábiles exclusivamente para ese fin.

El alcance de las 24 horas importa: es un plazo procesal referido a los conjueces, no una promesa de fallo dentro de un día. Una vez resuelta la integración, seguirá pendiente determinar qué respuesta corresponde dar al planteo.

Por qué vuelve la discusión sobre los campos

El artículo 154 del DNU 70/2023 derogó la Ley 26.737, que establecía restricciones a la propiedad extranjera de tierras rurales. La discusión judicial atraviesa distintos reclamos, con actores y fundamentos que no necesariamente son intercambiables.

La semana anterior, la Corte había revocado una sentencia favorable al Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM). Según las coberturas consultadas, lo hizo por considerar que la entidad carecía de legitimación para impulsar aquel proceso colectivo. Ese motivo procesal dejó sin resolver la cuestión de fondo sobre la constitucionalidad del artículo del decreto.

Ahora intervienen la Asociación Civil Árbol de Pie, dos comunidades indígenas y la legisladora rionegrina Magdalena Odarda. Pidieron que el tribunal precise si la sentencia sobre el CECIM produce efectos sobre su propio amparo. Sostienen que invocaron derechos diferentes: protección ambiental y derechos de las comunidades sobre sus territorios ancestrales.

Esa diferencia explica por qué la respuesta al caso de los excombatientes no cierra automáticamente todos los reclamos. Primero hay que establecer si quienes presentan la demanda están habilitados para hacerlo y qué alcance tuvo la decisión anterior; luego, qué tratamiento recibe la protección solicitada.

Qué mirar en la próxima decisión

La Corte debe definir el trámite del planteo y el destino del pedido cautelar. LA NACION menciona entre las alternativas que el expediente vuelva a instancias inferiores o que el propio máximo tribunal examine una medida excepcional. Son posibilidades descriptas por la cobertura, no decisiones adoptadas.

Para las provincias y comunidades vinculadas con tierras rurales, lo relevante será el alcance concreto de la resolución que se publique: qué expediente comprende, qué regla afecta y desde cuándo. Hasta entonces, el dato confirmado por las fuentes es la aceleración del procedimiento, sin un nuevo resultado de fondo que pueda darse por hecho.

Imagen: ilustración editorial generada con IA mediante Replicate. Representa un paisaje rural; no identifica un inmueble del expediente.