Malvinas abrió una pena por desinformación

El proyecto oficial presentado con el sello Malvinas abrió una discusión que va bastante más allá del Atlántico Sur. La iniciativa de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional incluye una modificación del Código Penal para castigar las llamadas “campañas coordinadas de desinformación masiva” cuando estén financiadas, ordenadas o impulsadas por un Estado, organización o agente extranjero.

Según reconstruyó La Nación (abre en una ventana nueva) el 18 de septiembre, el texto propone tocar el artículo 225 bis del Código Penal y fijar penas de 5 a 12 años de prisión para quien, bajo esa conexión extranjera, altere procesos electorales o manipule a la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva. El mismo paquete incluye otra figura, con penas de 8 a 15 años, para actos de violencia o sabotaje contra el Estado o sus habitantes cuando medien amenazas, sobornos, coerción o estructuras criminales.

El dato central no es que el Estado quiera discutir influencia extranjera. Ese debate existe en muchas democracias: financiamiento opaco, redes coordinadas, operaciones digitales, propaganda encubierta y manipulación electoral son problemas reales. La pregunta política y jurídica es otra: qué tan precisa es la herramienta elegida, quién define una campaña de desinformación, cómo se prueba la coordinación y dónde termina una operación extranjera y empieza una investigación periodística, una campaña opositora o una organización civil con fondos internacionales.

Chequeado (abre en una ventana nueva) publicó el 19 de septiembre una explicación sobre la polémica y marcó que especialistas advierten sobre la ambigüedad del texto y su posible impacto sobre la libertad de expresión. El problema de las leyes contra la desinformación es conocido: cuando los conceptos quedan flojos, el remedio puede abrir una puerta peligrosa. Una norma pensada para operaciones reales puede terminar siendo usada como amenaza contra periodistas, verificadores, activistas, investigadores o usuarios que publiquen información incómoda.

La preocupación también llegó desde el oficio periodístico. FOPEA (abre en una ventana nueva) alertó sobre un artículo de la Ley de Soberanía Nacional que, según su lectura, podría criminalizar el trabajo de prensa. La organización no discute que existan campañas coordinadas ni que la influencia extranjera sea un tema de seguridad democrática; el punto es que una figura penal necesita bordes nítidos, sobre todo si toca discurso público, elecciones y medios.

Del lado del Gobierno, la defensa apunta a acotar el alcance. El Tribuno (abre en una ventana nueva) informó el 19 de septiembre que la Casa Rosada sostiene que la cláusula busca combatir operaciones extranjeras y que no está dirigida contra periodistas ni opiniones. Esa aclaración política importa, pero no resuelve sola el asunto: en derecho penal, lo que manda después no es la conferencia de prensa sino el texto que queda escrito, votado y disponible para fiscales y jueces.

El Gobierno metió la discusión dentro de una ley de soberanía con eje Malvinas. Esa elección también pesa. Malvinas es una causa sensible, transversal y emocionalmente fuerte en la Argentina . Pegar a ese paquete una cláusula sobre desinformación extranjera puede darle legitimidad inicial, pero también dificulta separar dos debates distintos: la defensa de recursos, territorio y posición diplomática argentina ; y la creación de un delito que regula conductas comunicacionales en el espacio público.

Qué mirar ahora: si Diputados pide cambios de redacción antes del tratamiento en comisión; si aparecen definiciones concretas de “campaña coordinada”, “desinformación masiva” y “agente extranjero”; si la norma exige dolo, financiamiento probado y daño verificable; y si incorpora salvaguardas explícitas para prensa, investigación académica, fact-checking, denuncia pública y organizaciones civiles. La pelea de fondo es simple: una democracia puede defenderse de operaciones extranjeras sin regalarle al poder una goma de borrar penal para la conversación pública.