Granja Tres Arroyos entró en terapia judicial

Granja Tres Arroyos llevó su crisis a tribunales. La empresa avícola, señalada por las coberturas sectoriales como la mayor del país, pidió concurso preventivo de acreedores ante la Justicia Nacional en lo Comercial. El dato no es cosmético: cuando una firma de ese tamaño entra en ese carril, lo que está en discusión no es sólo el balance de una compañía, sino una cadena entera de trabajadores, proveedores, frigoríficos, transporte, exportaciones y precios de una proteína central en la mesa argentina .

Según informó Bichos de Campo el 15 de septiembre (abre en una ventana nueva), el expediente quedó caratulado como Granja Tres Arroyos S.A.C.A.F.I. s/concurso preventivo, bajo el número COM 018558/2026, y tramita en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 21, Secretaría N° 42. LA NACION (abre en una ventana nueva) confirmó la presentación y agregó que al 15 de septiembre la causa figuraba en despacho en el sistema judicial.

El concurso preventivo no equivale automáticamente a quiebra. Es, en teoría, una instancia para ordenar pasivos, negociar con acreedores y mantener viva la operación. Pero acá llega después de meses de señales rojas. El Cronista (abre en una ventana nueva) habló de una deuda superior a los USD 350 millones y de una operación cada vez más reducida. iProfesional (abre en una ventana nueva) ubicó el pedido dentro de una secuencia de plantas paralizadas o muy por debajo de su capacidad, problemas salariales, despidos y presión sobre la continuidad del grupo.

Hay un dato de contexto que pesa: no es la primera ficha judicial del entramado. Wade SA, otra sociedad vinculada al grupo y asociada a activos heredados de la ex Cresta Roja, ya había pedido concurso preventivo. Por eso el caso de Granja Tres Arroyos se lee menos como un trámite aislado y más como un efecto dominó dentro de un grupo que creció fuerte, absorbió operaciones complejas y terminó con una estructura demasiado pesada para el momento financiero que atraviesa.

Qué cambia

La noticia mueve tres tableros a la vez. El primero es laboral: cada planta que frena o achica turnos golpea a familias y municipios donde la avícola es empleador directo o indirecto. El segundo es productivo: pollos, alimento balanceado, faena, frío, logística y supermercados forman una cadena sensible; si una pieza se tensiona, el costo puede aparecer en proveedores, stock o precios. El tercero es judicial: desde ahora, parte de la pelea por cobrar y seguir funcionando se ordena frente a un juzgado.

Para leerlo sin humo: el concurso puede darle aire a la empresa, pero también vuelve visible la escala del problema. Si el plan de reestructuración consigue sostener producción y empleo, será una transición dura pero administrada. Si no, el riesgo es que la crisis se transforme en más cierres, más litigios y una señal pésima para una industria alimentaria que Argentina suele presentar como ventaja competitiva.

Qué mirar

Lo próximo es menos épico y más decisivo: quiénes se presentan como acreedores, qué plan ofrece la compañía, cómo quedan salarios e indemnizaciones, qué plantas siguen operando, y si proveedores y bancos aceptan patear vencimientos sin romper del todo la cadena. También importa la reacción oficial: si el Estado mira esto sólo como un expediente privado, o si entiende que la caída de una empresa líder de alimentos puede volverse un problema público bastante rápido.