Malvinas vuelve al Congreso con penas más duras

El Gobierno puso a Malvinas otra vez en el centro del Congreso. Este jueves 17 de septiembre de 2026, la Oficina del Presidente informó que Javier Milei envió el Proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa que busca reemplazar el régimen vigente sobre explotación no autorizada de recursos en las islas y sumar herramientas estatales frente a amenazas externas.

El comunicado oficial (abre en una ventana nueva) ordena el proyecto en tres ejes: castigar a quienes explotan recursos naturales sin autorización argentina , generar incentivos para que esas actividades cesen y dotar al Estado de instrumentos para proteger la soberanía. La Casa Rosada pidió que el Congreso le dé "máxima prioridad y celeridad" al tratamiento.

La novedad jurídica principal es el reemplazo de la Ley 26.659, sancionada en 2011 y centrada sobre todo en hidrocarburos. Según el resumen publicado por TN (abre en una ventana nueva), el nuevo esquema amplía el alcance a recursos naturales renovables y no renovables en Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur, sus espacios marítimos y la Plataforma Continental Argentina . Eso puede incluir pesca, logística, servicios técnicos, financiamiento, proveedores, accionistas y controlantes de empresas involucradas.

Penas, registros y salida negociada

La cobertura de EFE (abre en una ventana nueva) detalló que el proyecto eleva las penas para actividades extractivas. La prospección o exploración sin autorización pasaría a castigos de 12 a 15 años de prisión, mientras que extracción, transporte y almacenamiento podrían ir de 15 a 20 años. TN agregó multas, inhabilitaciones, registro público de infractores y la posibilidad de juicio en ausencia para los delitos del nuevo régimen.

El texto también incluye una puerta de salida: un régimen de desistimiento y regularización para quienes abandonen actividades prohibidas y se comprometan a no repetirlas. La regularización podría incluir multas o reconversión de inversiones hacia actividades lícitas dentro del territorio argentino. Esa parte importa porque la ley no apunta sólo a castigar hacia atrás; intenta construir incentivos para que empresas y socios se corran de proyectos no autorizados por Argentina .

Un Consejo de Seguridad Nacional

El otro bloque grande del paquete es institucional. El proyecto crea un Sistema de Seguridad Nacional conducido por un Consejo encabezado por el Presidente e integrado, entre otros, por Jefatura de Gabinete, Cancillería, Defensa, Economía, inteligencia y Legal y Técnica. iProfesional (abre en una ventana nueva) lo describió como una mesa para coordinar herramientas diplomáticas, económicas, jurídicas, militares, cibernéticas y de inteligencia.

Ahí aparece la parte más delicada: frente a amenazas externas graves e inminentes, el Consejo podría impulsar medidas económicas y financieras, restricciones a operaciones, bloqueo temporal de activos, suspensión de contrataciones o cambios aduaneros. El proyecto también regula respuestas ante aeronaves o buques considerados hostiles, con pasos progresivos de identificación, advertencia, inspección, persecución y uso excepcional de la fuerza bajo autorización política.

La iniciativa suma además restricciones al financiamiento extranjero de campañas y nuevos delitos por colaboración con servicios de inteligencia extranjeros, entrega de secretos o campañas coordinadas de desinformación masiva orientadas a alterar procesos electorales. En el mismo paquete, el RePET, el registro de personas y entidades vinculadas a terrorismo y su financiamiento, pasaría a tener rango legal.

Lo que viene ahora es el trámite parlamentario. El oficialismo buscará convertir el reclamo Malvinas en un paquete de seguridad, defensa y sanciones económicas. La oposición tendrá que decidir si acompaña el endurecimiento sobre recursos del Atlántico Sur, si objeta las nuevas facultades del Ejecutivo o si intenta separar soberanía de arquitectura de seguridad nacional. La discusión recién empieza, pero el proyecto ya movió el eje: Malvinas dejó de ser sólo una consigna diplomática y entró como ley penal, económica y de defensa.