Defensa pidió deuda para volver al submarino

El Presupuesto 2027 trajo una línea de defensa que no entra en la discusión chica de todos los días: el Gobierno pidió autorización para endeudarse hasta USD 3.500 millones con destino a la Armada Argentina .

La fuente primaria está en el expediente presupuestario publicado por la Cámara de Diputados. En el Trámite Parlamentario N° 135 (abre en una ventana nueva), el proyecto de Presupuesto General 2027 aparece como 0013-JGM-2026. En las planillas oficiales (abre en una ventana nueva), la anexa al artículo 42 lista operaciones de crédito público: USD 1.200 millones para incorporar dos fragatas multimisión en la Base Naval Puerto Belgrano y USD 2.300 millones para adquirir tres submarinos convencionales con destino a la Base Naval Mar del Plata.

La precisión importa: no es una orden de compra firmada, ni plata ya desembolsada, ni submarinos llegando al puerto. Es una autorización para que el Ejecutivo pueda negociar financiamiento, con plazo mínimo de amortización de tres años, si el Congreso mantiene esa planilla en la ley final.

Qué dice el presupuesto

El dato fue adelantado y cruzado por medios nacionales. La Nación (abre en una ventana nueva) ubicó la novedad dentro de un Ministerio de Defensa que tendría $5,2 billones para el instrumento militar, más otros $2,8 billones asociados a seguridad social militar. También marcó el contraste político: el plan aparece en medio de una escalada discursiva y presupuestaria alrededor del Atlántico Sur, Malvinas, Ushuaia y la Antártida.

TN (abre en una ventana nueva) agregó el punto operativo: la planilla vincula los submarinos a Mar del Plata y las fragatas a Puerto Belgrano. También subrayó que el Gobierno viene mirando opciones como los submarinos Scorpène de Naval Group, aunque el texto presupuestario no define fabricante, modelo ni contrato.

El sitio especializado Pucará Defensa (abre en una ventana nueva) leyó la misma planilla con una advertencia útil: la autorización queda sujeta a conseguir financiamiento en condiciones razonables. Es decir, el Congreso puede abrir la puerta, pero después falta que el mercado, los bancos, los gobiernos proveedores o los organismos involucrados acepten cruzarla.

Por qué pesa

Argentina no tiene capacidad submarina operativa desde la tragedia del ARA San Juan en noviembre de 2017. Volver a esa capacidad no es comprar una lancha grande: implica tripulaciones, entrenamiento, mantenimiento, doctrina, puerto, repuestos, torpedos, sensores, simuladores y una cadena logística que no se reconstruye de un día para el otro.

Por eso la cifra no puede leerse sola. USD 3.500 millones para submarinos y fragatas convive con un presupuesto de defensa donde buena parte del gasto se va en salarios, retiros y funcionamiento. La discusión real será si la autorización es un gesto político, un primer paso viable de reequipamiento o una promesa pesada en un presupuesto que todavía debe pasar por el Congreso.

También hay una capa geopolítica inevitable. En las últimas semanas el Gobierno habló de reforzar Ushuaia, volvió a tensar el reclamo por Malvinas, recibió marines estadounidenses en un intercambio de clima frío y discutió el Atlántico Sur como zona logística y estratégica. La planilla naval no prueba una aventura militar ni cambia por sí sola el equilibrio regional. Pero sí muestra que el Ejecutivo quiere dejar por escrito una ambición de capacidades marítimas mucho más cara que el discurso.

Qué mirar ahora

El primer filtro es parlamentario: si Diputados y Senado mantienen, recortan o borran esas autorizaciones. El segundo es financiero: quién prestaría, bajo qué tasa, con qué garantías y con qué proveedor detrás. El tercero es militar: si la Armada puede convertir una línea presupuestaria en capacidad sostenida, no sólo en foto de adquisición.

La parte honesta es esta: Argentina todavía no compró tres submarinos ni dos fragatas. Pero el Presupuesto 2027 ya dejó una señal grande sobre qué quiere negociar. Y cuando un país sin submarinos operativos desde hace casi nueve años pide permiso para endeudarse por USD 2.300 millones sólo para recuperar esa capacidad, eso no es letra chica. Es política de defensa escrita en planilla.