FISU volvió con plan judicial para barrios

El Fondo de Integración Socio Urbana volvió este miércoles 23 de septiembre al Boletín Oficial con una salida administrativa a una pelea judicial que seguía abierta. La Secretaría de Obras Públicas publicó la Resolución 209/2026 (abre en una ventana nueva), que aprueba un Plan de Acción para las obras en curso del régimen de integración socio urbana de barrios populares identificados en el RENABAP.

El dato central está en el artículo 1: el plan define el curso de acción para las obras que todavía están en ejecución dentro del FISU y obliga a las áreas competentes de Obras Públicas a cumplirlo. En lenguaje menos administrativo: el Gobierno formalizó una hoja de ruta para decidir qué pasa con trabajos ya iniciados en barrios populares, bajo reglas de regularidad financiera, legalidad, economicidad, eficiencia y eficacia.

La resolución no aparece de la nada. En mayo de 2025, el Poder Ejecutivo había dictado el Decreto 312/2025 (abre en una ventana nueva), que disolvía el FISU. Ese decreto citó observaciones de SIGEN sobre demoras de obra, problemas de rendición de cuentas, contrataciones, predios cercanos a basurales y cooperativas sin antecedentes suficientes para ciertos trabajos. También sostuvo que las principales fuentes de financiamiento del fondo, como asignaciones ligadas al impuesto PAÍS y al aporte extraordinario de pandemia, ya no estaban vigentes.

Pero la liquidación chocó con el expediente judicial. La propia resolución de hoy reconstruye que el Juzgado Federal de Pehuajó, en la causa colectiva impulsada por el CELS y vecinos de barrios populares, dictó medidas en mayo y junio de 2025 que suspendieron artículos clave del decreto 312. Según ese tramo del acto oficial, la cautelar frenó la liquidación del patrimonio del FISU hasta que se acreditara el cumplimiento de una manda previa: confeccionar un plan para procurar la continuidad de la política pública de integración socio urbana.

Ahí entra la novedad de hoy. Obras Públicas dice que la Dirección Nacional de Desarrollo Urbano detalló las obras en curso del FISU con cinco variables: objeto y fondos afectados, ente ejecutor, estado de avance, incumplimientos del ente ejecutor o contratista si los hubiera, y medidas para corregir irregularidades. Ese relevamiento es la base del plan aprobado.

La lectura política es incómoda para los dos lados. Para el Gobierno, el expediente muestra que no alcanza con cerrar un fondo fiduciario invocando auditorías: cuando hay obras abiertas, barrios registrados y una cautelar, hace falta administrar la continuidad. Para quienes defendían el FISU tal como venía, el nuevo plan también deja una advertencia: la continuidad judicial no blinda automáticamente todos los contratos, plazos y ejecutores si hay incumplimientos o problemas de control.

El contexto social es el que vuelve sensible el expediente. RENABAP no habla de una obra abstracta, sino de barrios populares donde infraestructura básica, regularización, conectividad, saneamiento y acceso a servicios pueden separar una mejora real de otra promesa enterrada. Por eso el punto clave no es solo si el fondo sigue vivo o liquidado, sino qué obra continúa, con qué plata, bajo qué ejecutor y con qué control público.

Qué mirar ahora: si Obras Públicas publica el anexo completo con obras, estados de avance y medidas correctivas de forma accesible; si el juzgado de Pehuajó considera cumplida la manda; qué municipios y provincias entran en coordinación; y si los barrios alcanzados pueden ver avances concretos, no solamente papeles nuevos sobre obras viejas.