Discapacidad ya tiene firma nueva

El recambio en Discapacidad dejó de ser anuncio y pasó a tener firma oficial. Este lunes 28 de septiembre, el Boletín Oficial (abre en una ventana nueva) publicó el Decreto 1095/2026: acepta la renuncia de Alejandro Alberto Vilches al cargo de Secretario Nacional de Discapacidad desde el 21 de septiembre y designa a Pablo Hernán Di Liscia desde el 22.

La norma es breve, casi quirúrgica. Pero cae sobre una zona del Gobierno donde nada está quieto: presupuesto, pensiones, prestaciones, auditorías y negociación legislativa. Discapacidad se convirtió en una de esas áreas donde la letra administrativa toca vida cotidiana muy rápido. Un cambio de funcionario no es solo un nombre nuevo en el organigrama; también puede ordenar qué se audita, qué se paga, qué se negocia y qué se corrige.

El nombre de Di Liscia ya había sido anticipado por el Gobierno la semana pasada. TN informó el 22 de septiembre (abre en una ventana nueva) que el Ministerio de Salud lo presentaba como un perfil de gestión pública y privada, con paso por IOMA entre 2017 y 2019 y experiencia en conducción de organismos. Según esa comunicación oficial, su tarea principal sería optimizar el acceso a prestaciones, fortalecer controles y seguir con la auditoría de pensiones por invalidez laboral para detectar irregularidades.

Ahí está el nudo político. El área venía de una crisis doble: por un lado, la discusión del Presupuesto 2027 y los cambios sobre prestaciones y acceso a pensiones; por el otro, la sombra de las auditorías y de las sospechas heredadas de la ex Agencia Nacional de Discapacidad. Infobae/EFE reportó el 27 de septiembre (abre en una ventana nueva) que un informe técnico vinculado a la gestión anterior marcó diferencias fuertes de precios en compras, deficiencias de control, padrones con personas fallecidas o presas y casos de facturas potencialmente abonadas dos veces. Son datos que deben leerse como hallazgos administrativos y judiciales en investigación, no como condenas automáticas. Pero explican por qué el nuevo secretario no llega a una oficina normal.

El otro frente es el Congreso. La tensión por discapacidad abrió ruido entre el oficialismo y sus aliados, especialmente por el contenido final de una propuesta que busca reemplazar o reordenar la emergencia del sector. En su entrevista de este lunes, Javier Milei dijo en Infobae (abre en una ventana nueva) que pueden existir “desinteligencias” cuando el Gobierno empuja muchas medidas a la vez, y que el Ejecutivo enviará una propuesta para que el Congreso trabaje sobre ella. También intentó bajar el dramatismo de las diferencias internas.

La frase ordena la comunicación, pero no resuelve la cuenta. Las personas con discapacidad, los prestadores, las familias y las provincias no viven el expediente como un juego de coordinación política. Lo viven como acceso efectivo: transporte, terapias, acompañantes, pensiones, nomencladores, autorizaciones, deudas y tiempos administrativos.

Por eso el decreto importa aunque tenga apenas tres artículos. Vilches sale formalmente. Di Liscia entra formalmente. Y el expediente de Discapacidad queda en una etapa nueva: con un funcionario designado, una auditoría sensible sobre la mesa y una negociación legislativa que todavía tiene que mostrar si el ajuste, el control y la cobertura pueden convivir sin convertir a los beneficiarios en variable de prueba.

Lo que viene ahora no es solo mirar el nombre del secretario. Es mirar la propuesta concreta del Ejecutivo, las modificaciones que acepte el Congreso y el impacto práctico sobre prestaciones. Si la política habla de ordenar, el test va a estar menos en el discurso y más en la ventanilla: quién cobra, quién espera, quién queda afuera y con qué explicación.