La baja juvenil chocó con otro juzgado

La nueva baja de edad penal juvenil acaba de encontrar otro límite judicial. Esta vez no fue en la provincia de Buenos Aires, sino en la Ciudad: la jueza Laura De Marinis, del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N° 3, declaró inconstitucional aplicar el nuevo Régimen Penal Juvenil a un adolescente de 14 años y dictó su sobreseimiento en una causa por tentativa de robo.

Según publicó LA NACION (abre en una ventana nueva) el 21 de septiembre, el caso involucra a un chico acusado de participar, junto con otros jóvenes, en un intento de robo callejero. Página/12 (abre en una ventana nueva) reconstruyó que la denuncia partió de un hombre de 47 años que dijo haber sido abordado por un grupo; el hecho no llegó a consumarse y la víctima pudo pedir ayuda a un policía.

El dato jurídico central es que De Marinis no tiró abajo toda la ley para todo el país. El fallo vale para este expediente. Pero sí cuestionó la aplicación del artículo 1 de la Ley 27.801 a este adolescente. Ese artículo establece el régimen penal aplicable a personas adolescentes desde los 14 años hasta antes de cumplir 18, cuando sean imputadas por delitos previstos en el Código Penal o leyes especiales. El texto oficial de la Ley 27.801 (abre en una ventana nueva) fue publicado en marzo y su reglamentación llegó con el Decreto 875/2026 (abre en una ventana nueva), difundido el 7 de septiembre.

La resolución abre una pelea doble. Por un lado, judicial: es el segundo golpe contra la implementación del régimen, después de la suspensión dictada en Lomas de Zamora sobre la provincia de Buenos Aires, luego revocada por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro. Por otro lado, política: Jorge Macri salió a confrontar con la magistrada. TN informó (abre en una ventana nueva) que el jefe de Gobierno porteño anunció que pedirá el juicio político de De Marinis y que instruyó al ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, para avanzar.

La discusión es más precisa de lo que permite el grito. La ley no significa automáticamente cárcel común para chicos de 14 años: crea un régimen penal juvenil con finalidad educativa, de responsabilidad legal, resocialización e integración social. Pero la jueza planteó que, en este caso concreto y por las circunstancias relatadas, incorporar al adolescente al sistema penal podía ser una respuesta estatal desproporcionada. Del otro lado, el gobierno porteño y dirigentes oficialistas sostienen que un juez no puede reemplazar al Congreso y que la norma debe aplicarse.

Qué mirar ahora: si el Ministerio Público Fiscal apela, si una cámara revoca o confirma este criterio, y si el anuncio de juicio político queda en gesto político o entra formalmente en el Consejo de la Magistratura porteño. La baja penal juvenil ya no es sólo una ley nueva: es una disputa de implementación, expediente por expediente.