Sueños Compartidos llegó tarde al veredicto

El juicio de Sueños Compartidos llegó por fin a veredicto, pero llegó con olor a expediente viejo. Este lunes 14 de septiembre, el Tribunal Oral Federal 5 absolvió a Julio De Vido y condenó con penas en suspenso a José López, Sergio Schoklender y Pablo Schoklender en la causa que investigó fondos públicos destinados a viviendas sociales administrados a través de la Fundación Madres de Plaza de Mayo entre 2005 y 2011.

Según informó Infobae (abre en una ventana nueva) este 14 de septiembre, el TOF 5 consideró penalmente responsables a los condenados por administración fraudulenta. La misma cobertura consignó que el expediente investigó el desvío de $206.438.454,05 que estaban previstos para la construcción de viviendas sociales. Clarín también reportó el veredicto y señaló que las penas quedaron por debajo de los tres años, por lo que ninguno irá preso ahora.

La foto procesal es esa: De Vido absuelto en este expediente, López y los Schoklender condenados pero sin cárcel efectiva inmediata, y una sentencia completa que recién se conocerá el 13 de noviembre. Hasta que la decisión quede firme, el veredicto funciona más como cierre político y judicial provisorio que como final penal definitivo.

Lo que resolvió el tribunal

El tribunal estuvo integrado por Adriana Paliotti, Adrián Grünberg y Daniel Obligado. La acusación había apuntado a la administración de fondos nacionales enviados para el programa de viviendas, una causa nacida en 2011 y atravesada durante años por demoras, discusiones de prescripción y responsabilidades cruzadas entre funcionarios, intermediarios y operadores de la Fundación.

La fiscalía y la Unidad de Información Financiera habían pedido penas más altas. Las defensas, en cambio, reclamaban absoluciones y discutían si la acción penal ya estaba prescripta. Ese punto no es un tecnicismo menor: cuando una causa de corrupción pública tarda quince años en llegar a una respuesta oral, el reloj judicial también se vuelve parte del caso.

En criollo: la Justicia no sólo debía decidir si hubo fraude. También debía llegar a tiempo para que esa decisión tuviera peso real. Y ahí aparece la tensión de fondo. Una condena en suspenso, después de tantos años, ordena una responsabilidad penal pero deja a la sociedad con una sensación amarga: el sistema confirma que algo pasó cuando ya casi todo el escenario político, institucional y personal cambió de lugar.

Por qué importa

Sueños Compartidos no fue una obra menor ni un trámite administrativo. Era un programa asociado a vivienda social, una de las áreas más sensibles del Estado: plata pública, emergencia habitacional, organizaciones históricas de derechos humanos y funcionarios con poder de ejecución. Por eso el caso siempre tuvo una carga doble. Se investigaba una posible defraudación, pero también el daño simbólico sobre una política que debía producir casas, no expedientes eternos.

El fallo además cae en una semana donde el debate judicial volvió a ocupar el centro de la escena. Hoy la agenda pública combina designaciones de magistrados, causas federales, reclamos de transparencia y expedientes que se mueven o se cierran con efectos políticos. La sentencia de Sueños Compartidos entra en esa conversación, aunque viene de otro ciclo histórico.

Qué mirar ahora: los fundamentos del 13 de noviembre, si las defensas y acusaciones apelan, cómo queda el decomiso informado por los medios y si la discusión por la prescripción vuelve en Casación. El veredicto ya está. La pregunta que queda es si llegó para hacer justicia o apenas para dejar constancia.