CABA abrió otro frente penal juvenil

El nuevo Régimen Penal Juvenil ya no se discute sólo en abstracto. Ahora empezó a chocar, expediente por expediente, con jueces que tienen que decidir si la ley nacional puede aplicarse tal como salió del Congreso. El último frente se abrió en la Ciudad de Buenos Aires: la jueza Laura Beatriz De Marinis declaró inconstitucional, para un caso concreto, el artículo 1 de la Ley 27.801 y sobreseyó a un adolescente de 14 años acusado en una causa por tentativa de robo.

Según informó TN (abre en una ventana nueva) el 21 de septiembre, el Poder Judicial de la Ciudad difundió una comunicación para aclarar el alcance de la decisión: la medida se aplicó sobre ese adolescente en particular y la investigación continúa respecto de otros chicos involucrados, de 16 años. La causa se inició por un episodio en el que un grupo de adolescentes habría intentado robarle a un hombre de 47 años.

El punto sensible es la edad. La Ley 27.801 creó un nuevo esquema de responsabilidad penal juvenil y bajó a 14 años el umbral para que adolescentes puedan quedar alcanzados por el régimen penal especial. De Marinis, titular del Juzgado Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N° 3, aceptó el planteo de la defensa sólo respecto del chico de 14 años y sostuvo que no correspondía aplicarle ese artículo de la nueva norma. Según reconstruyeron La Nación (abre en una ventana nueva) y otros medios con acceso al fallo, la magistrada lo consideró no punible bajo los estándares constitucionales invocados en la resolución.

La decisión llega después de otro choque judicial reciente en provincia de Buenos Aires. A comienzos de septiembre, una jueza bonaerense había suspendido la aplicación del régimen en territorio provincial por 60 días; esa medida luego fue revocada por la Cámara. Lo de CABA tiene otra forma jurídica: no suspende toda la ley para todos, sino que declara la inconstitucionalidad en una causa concreta. Esa diferencia importa porque muestra por dónde puede venir la pelea real: no necesariamente una caída general de la reforma, sino una serie de controles judiciales sobre casos particulares.

La reacción política fue inmediata. Dirigentes del Gobierno porteño y nacional cuestionaron el fallo, mientras organizaciones de orientación punitiva lo convirtieron en una disputa disciplinaria. El 22 de septiembre, Usina de Justicia (abre en una ventana nueva) informó que presentó dos denuncias contra De Marinis ante el Consejo de la Magistratura porteño por mal desempeño y presunto prevaricato. La organización sostiene que la decisión se apartó indebidamente de una ley vigente; la defensa del fallo, en cambio, se apoya en la facultad judicial de controlar la constitucionalidad en un expediente específico.

Ahí está el nudo institucional. El Congreso puede definir una política criminal y fijar una edad de responsabilidad penal, pero los jueces siguen obligados a revisar si su aplicación concreta respeta garantías constitucionales y convencionales. En materia juvenil, ese control se vuelve más espeso porque conviven seguridad pública, derechos de niños y adolescentes, víctimas, reincidencia, dispositivos estatales reales y una discusión política con poca paciencia para los matices.

Qué mirar ahora: si el Ministerio Público Fiscal apela, qué dice la Cámara porteña, si las denuncias disciplinarias avanzan o quedan como gesto político, y cuántos juzgados empiezan a resolver casos similares con criterios distintos. La ley ya rige; la pregunta abierta es cuánta estabilidad práctica tendrá cuando llegue a expedientes reales, con adolescentes reales, defensas reales y tribunales que no leen la reforma como un comunicado de campaña.