La Corte reabrió la pelea por escuelas porteñas

La Corte Suprema volvió a poner en movimiento una causa sensible para la Ciudad de Buenos Aires: la falta de escuelas primarias estatales de jornada completa en barrios del sur porteño. El 23 de septiembre de 2026, el máximo tribunal anuló una sentencia del Tribunal Superior de Justicia porteño que había reducido el alcance de una condena previa contra el Gobierno de la Ciudad.

El expediente se llama Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia c/ GCBA s/ amparo. Según la ficha jurisprudencial publicada por Ediciones De la Lenga (abre en una ventana nueva), ACIJ había presentado un amparo colectivo por la oferta insuficiente de educación primaria estatal de jornada completa en los Distritos Escolares 5, 19 y 21. Esos distritos abarcan sectores de Barracas, Nueva Pompeya, Villa Soldati, Villa Lugano y Villa Riachuelo, zonas donde el acceso a una jornada escolar más extensa no es un detalle administrativo: organiza cuidado, aprendizaje, alimentación, trabajo familiar y desigualdad urbana.

La discusión no llegó a la Corte solamente por el fondo educativo. Llegó también por cómo decidió el tribunal local. La Nación informó el 23 de septiembre que el TSJ porteño había admitido una queja de ACIJ, pero rechazado su recurso de inconstitucionalidad y modificado el alcance de la condena: dejó apenas un exhorto no vinculante para que el Gobierno porteño impulsara políticas de jornada ampliada. La mayoría local se formó con los votos de Inés Weinberg, Ana María Conde y José Osvaldo Casás; Luis Lozano y Alicia Ruiz votaron en disidencia.

El punto central de la Corte fue procesal, pero con consecuencia política. Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti entendieron que esa mayoría no alcanzaba como decisión judicial válida porque los votos no compartían un núcleo lógico y argumental suficiente. Dicho más simple: no basta con que tres jueces lleguen al mismo casillero si cada uno viajó por caminos incompatibles. En un tribunal colegiado, la sentencia tiene que ser algo más que una suma de opiniones individuales.

MDZ, también el 23 de septiembre, reconstruyó el recorrido del expediente: primera instancia hizo lugar parcialmente al planteo y ordenó un programa para alcanzar en Villa Riachuelo el objetivo del 30% de jornada completa fijado por la Ley 26.075; luego la Cámara confirmó y pidió un programa para ampliar jornada completa en los Distritos 5 y 19; después el TSJ porteño recortó el efecto de esa condena. La Corte anuló esa última decisión y mandó a dictar una nueva resolución.

La noticia importa por dos razones. La primera es educativa: vuelve a abrir una pelea concreta por escuelas de jornada completa en sectores vulnerables de la Ciudad. La segunda es institucional: la Corte le marcó al TSJ porteño que una mayoría aparente no puede cerrar un caso de alto impacto público.

Qué mirar ahora: cómo recompone el Tribunal Superior porteño su nueva decisión, si conserva un exhorto blando o vuelve a una orden exigible, y qué plan presenta el Gobierno de la Ciudad si el expediente recupera fuerza operativa. En estas causas, la palabra clave no es solo vacantes. Es tiempo escolar: quién lo tiene, quién lo pierde y qué barrios quedan otra vez esperando.