La algodonera de Vicentin entra en salvataje

Algodonera Avellaneda entró este lunes 14 de septiembre en una fase judicial que ya no se puede maquillar como negociación eterna: el salvataje. El Juzgado Civil y Comercial de Reconquista rechazó el pedido de la empresa para excluir al Banco Nación del cómputo de mayorías, dio por terminado el período de exclusividad sin acuerdo preventivo y habilitó el procedimiento previsto por el artículo 48 de la Ley de Concursos y Quiebras.

Según informó El Litoral (abre en una ventana nueva) este 14 de septiembre, el juez Fabián Lorenzini no tuvo por acreditado que el Banco Nación hubiera actuado como acreedor hostil ni que su negativa buscara dañar a la compañía o al resto de los acreedores. Ese punto era decisivo: el crédito verificado y admisible del BNA asciende a $1.585 millones y más de US$260 millones, más del 80% del pasivo quirografario computable. Sin ese voto afuera, Algodonera no consiguió las mayorías necesarias.

No es quiebra, pero ya es otra cancha

El salvataje no significa que la fábrica cierre mañana. Significa que se abre una instancia en la que pueden aparecer acreedores, terceros o una cooperativa de trabajadores para intentar adquirir las cuotas de capital, conseguir conformidades y sostener la continuidad de la empresa. La propia Algodonera Avellaneda también puede participar, aunque deberá manifestarlo en el expediente.

El marco legal está en la Ley 24.522 de Concursos y Quiebras (abre en una ventana nueva), que regula estos supuestos especiales. En castellano menos tribunalicio: cuando el deudor no logra cerrar su acuerdo preventivo, la ley abre una última puerta antes del escenario liquidativo. La puerta existe, pero no viene con final feliz incorporado.

El dato económico que deja la resolución es pesado. El informe de la sindicatura citado por El Litoral proyecta un pasivo posconcursal de $6.818.717.040,87 para 2025-2026, originado en energía eléctrica, impuestos y cuestiones laborales. Además, la planta opera aproximadamente al 60% de su capacidad por problemas en maquinaria de hilandería, y se sostiene con contratos de fasón cuyos ingresos van al pago de salarios, sin margen suficiente para cancelar el pasivo verificado.

Banco público, fábrica privada, trabajadores adentro

La historia importa más allá del expediente porque junta tres capas sensibles: una firma industrial vinculada al universo Vicentin, un banco público como acreedor dominante y cientos de empleos en el norte santafesino. LA NACION registró este lunes en su portada nacional que la Justicia abrió el salvataje de una algodonera con 360 empleados para evitar su quiebra. Esa es la dimensión social del caso: no se discute solamente una planilla de acreedores, sino una planta real, salarios reales y una ciudad que mira el expediente como termómetro de futuro.

El Banco Nación sostuvo, de acuerdo con la cobertura de El Litoral, que no podía aceptar quitas de capital ni ciertos plazos por las obligaciones de su Carta Orgánica y el deber de preservar patrimonio estatal. La empresa, en cambio, buscó presentar esa posición como abuso de poder por el peso decisivo del banco dentro del concurso. El juez compró una parte del diagnóstico, la posición predominante, pero no la conclusión: tener peso no alcanza para probar hostilidad abusiva.

Qué mirar ahora

El calendario que fijó la resolución es corto. El registro de interesados se abrirá el martes 29 de septiembre a las 7:30 y cerrará el lunes 5 de octubre a las 12:30. El plazo fue definido como perentorio e improrrogable. Antes, la sindicatura deberá elaborar en 72 horas los requisitos excluyentes: trayectoria en el rubro textil, canales de comercialización activos, conducta tributaria de los últimos cinco años y el depósito requerido para inscribirse.

Lo que viene es bastante simple de formular y muy difícil de cumplir: alguien tiene que demostrar que puede operar una textil, poner plata, ordenar deuda, sostener empleo y convencer acreedores. Si no aparece ese actor, el salvataje queda como antesala elegante de un desenlace más duro. Si aparece, el caso deja de ser una pelea entre Algodonera y Banco Nación y pasa a ser una prueba concreta de cuánto valor industrial queda en pie cuando se apaga la retórica.