Malvinas llevó a petroleras al exhorto judicial

La pelea por el petróleo alrededor de Malvinas dejó de ser solamente una protesta diplomática y entró en una zona más técnica: la de los exhortos judiciales. Según publicó LA NACION el 24 de septiembre (abre en una ventana nueva), los jueces federales Julián Ercolini y Ariel Lijo avanzaron con pedidos de información a Gran Bretaña e Israel por las empresas vinculadas al proyecto petrolero Sea Lion, al norte de las Islas Malvinas.

El punto no es menor: la Justicia argentina quiere reconstruir quiénes integran, dirigen y representan a Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, y bajo qué estructura operan las licencias que el Reino Unido reconoce alrededor de las islas. Agencia Noticias Argentinas (abre en una ventana nueva) informó el mismo jueves que el pedido recae sobre directivos, representantes legales y composición societaria de las compañías, en una investigación por exploración hidrocarburífera que Argentina considera ilegal en la Cuenca Malvinas Norte.

El proyecto Sea Lion está ubicado unos 220 kilómetros al norte de las islas. Rockhopper, británica, y Navitas, israelí, aparecen como nombres centrales del desarrollo. Para la posición argentina , el problema es doble: por un lado, se trata de recursos naturales en un área disputada; por otro, cualquier avance unilateral bajo licencias británicas choca con el reclamo soberano y con el mandato de negociación que Argentina invoca en el marco de Naciones Unidas.

Hay además un carril ambiental. El Ministerio Público Fiscal ya había informado que la Justicia Federal de Río Grande se declaró competente para intervenir en una acción preventiva por posible daño ambiental y soberano contra esas petroleras. Ese reporte de Fiscales.gob.ar (abre en una ventana nueva) ubicó el caso en la plataforma continental argentina y lo conectó con el riesgo de explotación unilateral de recursos.

La novedad de ahora es el intento de pasar de la denuncia general al mapa societario. Quién firma, quién financia, quién opera, quién recibió licencias, qué vínculos comerciales existen entre compañías y bajo qué jurisdicción se mueve cada tramo del proyecto. Es el tipo de información que una causa necesita si pretende apuntar a responsabilidades concretas y no quedarse en una declaración política.

El margen real, igual, no depende solo de Comodoro Py. AP había señalado el 16 de septiembre (abre en una ventana nueva) que la efectividad de medidas argentinas sobre el proyecto requiere cooperación internacional y conducta de las empresas, algo difícil cuando el Reino Unido administra de hecho las islas y sostiene sus propias licencias. Ahí está la tensión: Argentina puede abrir causas, pedir datos y sostener sanciones; pero convertir eso en freno efectivo exige que otros Estados respondan.

Qué mirar ahora: si Gran Bretaña e Israel contestan los exhortos, qué información societaria entregan, si las empresas aceleran o moderan el calendario de Sea Lion, y si Cancillería convierte este expediente en una presión diplomática sostenida. Malvinas no se juega solo en discursos de soberanía. También se juega en papeles societarios, licencias offshore y capacidad judicial para seguir el dinero debajo del Atlántico Sur.