Justicia le puso estructura al régimen penal juvenil

El nuevo régimen penal juvenil dejó de ser solamente una ley discutida en tribunales y empezó a convertirse en aparato administrativo. En la edición del 25 de septiembre de 2026 del Boletín Oficial, el Ministerio de Justicia publicó la Resolución 484/2026 (abre en una ventana nueva), que crea el Programa de Implementación del Régimen Penal Juvenil.

La novedad importa porque baja a tierra una reforma sensible: la Ley 27.801 (abre en una ventana nueva), publicada en marzo, estableció un régimen penal aplicable a adolescentes desde los 14 años hasta antes de cumplir 18 cuando sean imputados por delitos. No es una extensión automática del sistema penal adulto. Es un régimen específico, con jueces, defensas, fiscalías, supervisores, medidas, seguimiento y límites propios. Pero todo eso, sin estructura real, queda escrito en papel y se rompe en la práctica.

La resolución crea el programa dentro de la Dirección Nacional de Política Criminal en Materia de Justicia y Legislación Penal, bajo la Subsecretaría de Política Criminal. También asigna, con carácter ad honorem, la coordinación a Débora Eliana Di Girolamo. El texto fija una lista amplia de tareas: concertar la implementación en el ámbito nacional y federal, impulsar intervenciones basadas en evidencia para reducir reincidencia, poner en el centro la tutela de víctimas, formar operadores especializados, articular con provincias y CABA, producir información y monitorear cómo funciona el sistema.

El punto más concreto es el Registro de Supervisores del Régimen Penal Juvenil. La resolución aprueba su reglamento y ordena la gestión del cuerpo de profesionales que tendrá que acompañar y controlar la evolución de los adolescentes durante el proceso. El marco previo ya había previsto entrevistas semanales, informes mensuales y seguimiento de problemas personales, familiares, de salud mental o adicciones. Ahora Justicia empieza a ordenar quiénes hacen esa tarea, cómo se los convoca, selecciona, capacita, evalúa y eventualmente reemplaza.

El contexto viene caliente. A comienzos de septiembre, la reglamentación por Decreto 875/2026 (abre en una ventana nueva) reactivó la discusión federal sobre condiciones materiales, operadores disponibles, centros de privación de libertad, defensas, fiscalías, jueces especializados y capacidad de las provincias. Hubo fallos, apelaciones y cuestionamientos sobre si el sistema estaba preparado para aplicar una reforma de semejante tamaño sin producir nuevas vulneraciones de derechos ni promesas punitivas imposibles de cumplir.

La página oficial del Ministerio sostiene que el régimen busca reemplazar el viejo modelo tutelar de la Ley 22.278 y construir un sistema de responsabilidad penal adolescente orientado a responsabilización, prevención de reincidencia y reinserción social. Esa es la promesa institucional. La prueba, ahora, será administrativa: presupuesto, supervisores, capacitación, datos, coordinación con jurisdicciones y capacidad de respuesta caso por caso.

Infobae (abre en una ventana nueva) registró este viernes la creación del programa junto con otra resolución de Justicia sobre ciberdelincuencia. En este caso, la señal política es distinta: después de sancionar y reglamentar, el Gobierno empieza a montar la maquinaria de implementación.

Qué mirar ahora: si el Registro de Supervisores consigue profesionales suficientes y especializados; si las provincias se sientan en la mesa federal con recursos reales; si el sistema produce datos públicos sobre reincidencia, medidas y resultados; y si las víctimas reciben asistencia sin convertir a los adolescentes en expediente descartable. La ley ya está. La pregunta difícil empieza ahora: si el Estado puede aplicarla sin improvisar.