Discapacidad recuperó el nomenclador en Diputados

La Libertad Avanza tuvo que corregir el capítulo de Discapacidad del Presupuesto 2027 antes de que el conflicto le estallara en comisión. Según publicó La Nación (abre en una ventana nueva) el martes 22 de septiembre, las autoridades del oficialismo en Diputados se reunieron con bloques aliados y avanzaron en un acuerdo para dejar atrás los artículos más sensibles del texto original.

El punto central es el Nomenclador Nacional Único de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad. Ese instrumento ordena valores y condiciones de prestaciones de salud, rehabilitación, transporte y apoyos. El Presupuesto enviado por el Ejecutivo había abierto una alarma porque proponía desmontar parte de ese esquema y cambiar la forma de actualización. Ahora, el borrador acordado mantiene la actualización mensual de aranceles atada a la movilidad y preserva la homogeneidad del sistema.

El Cronista (abre en una ventana nueva) reconstruyó el mismo movimiento: LLA presentó a los dialoguistas un dictamen alternativo que ratifica la universalidad del nomenclador, conserva aranceles homogéneos y busca convertir la respuesta en una ley permanente, no solamente en una prórroga de emergencia. La diferencia no es técnica para especialistas; define si las prestaciones siguen con una referencia común o quedan más expuestas a la negociación fragmentada entre financiadores, prestadores y familias.

La secuencia explica por qué el tema perforó la mesa política del Gobierno. Patricia Bullrich había objetado públicamente que los cambios en discapacidad hubieran llegado dentro del Presupuesto sin una discusión previa suficiente con quienes después debían defenderlos en el Congreso. Esa crítica obligó a la Casa Rosada y a Diputados a ordenar dos frentes al mismo tiempo: el contenido de la política pública y la conducción interna del oficialismo.

TN (abre en una ventana nueva) agregó otro dato de la pelea legislativa: la oposición empuja un dictamen propio para extender la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre del año próximo, mientras el oficialismo intenta presentar su texto como una solución estable de financiamiento, control y actualización periódica. Dicho en criollo: el Gobierno quiere salir del modo emergencia; la oposición quiere sostener el paraguas legal que ya venía ordenando el reclamo del sector.

El plenario de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto de Diputados previsto para este miércoles 23 de septiembre queda entonces cargado de sentido político. Si el oficialismo consigue que los aliados firmen su dictamen, podrá mostrar que absorbió parte del costo y recuperó iniciativa. Si no, el capítulo de Discapacidad puede volver a convertirse en una derrota parlamentaria antes de que empiece la discusión grande del Presupuesto.

La discusión de fondo sigue abierta. Mantener el nomenclador y la actualización mensual desactiva la parte más visible del conflicto, pero todavía falta ver el texto completo, el mecanismo presupuestario, la situación de las pensiones, los controles que quiere introducir el Ejecutivo y el alcance real de las compensaciones. También falta saber si la Casa Rosada convalida todo lo pactado por sus negociadores en Diputados.

Qué mirar ahora: las firmas del dictamen, el texto final que aparezca en comisión, la reacción de prestadores y organizaciones de discapacidad, y el vínculo con la negociación presupuestaria de octubre. El Gobierno corrigió el golpe más torpe. El Congreso va a definir si esa corrección alcanza o si fue apenas una pausa antes de otra pelea.