El Presupuesto dibuja su mapa de obras

El Presupuesto 2027 también trae un mapa de cemento, vías, rutas, energía y tecnología. No es la parte más ruidosa de la discusión política, pero sí una de las más concretas: dónde el Estado dice que va a poner obra pública, qué proyectos prioriza y qué provincias quedan más cerca o más lejos de esa caja.

Según publicó Ámbito (abre en una ventana nueva) el 20 de septiembre, el proyecto enviado al Congreso contempla $1,3 billones para más de 435 obras públicas en todo el país. Ese número equivale a alrededor del 0,7% del gasto total previsto, que la nota ubica en $202,1 billones. Dicho de otro modo: la obra pública vuelve a aparecer, pero dentro de un presupuesto donde sigue siendo una porción chica del tablero general.

Dónde va la plata

La distribución muestra tres capas. Primero, $151.000 millones para obras interprovinciales, es decir, proyectos que cruzan o impactan en más de una jurisdicción. Segundo, $110.000 millones para obras de alcance nacional. Tercero, unos $2.400 millones para trabajos en el exterior, incluidas refacciones de representaciones diplomáticas.

El dato político está en la desigualdad territorial. Ámbito informa que Buenos Aires aparece con la mayor asignación, cerca de $321.000 millones. San Luis queda en el otro extremo, con unos $4.200 millones. La brecha entre ambas llega a $316.800 millones. No alcanza con mirar el ranking como si fuera una tabla deportiva: hay que mirar población, red ferroviaria, rutas, obras heredadas, etapa de ejecución y capacidad real de hacer andar los expedientes. Pero la diferencia marca el punto de partida de la pelea federal.

El proyecto también concentra mucho en pocas obras. Las diez inversiones más grandes suman alrededor de $585.000 millones, cerca del 45% de toda la partida de obra pública. La primera es la mejora integral del Ferrocarril General Roca, ramal Constitución-La Plata, con $126.000 millones. Le siguen el aprovechamiento hidroeléctrico del Río Santa Cruz, con unos $82.000 millones, y la autopista de la Ruta Nacional 9/34 en Salta, con $69.000 millones.

La lista mezcla transporte, energía, tecnología, seguridad e infraestructura científica: Misiones Satelitales Etapa III, Autopista Presidente Juan Domingo Perón, Reactor RA-10, Complejo Federal de Condenados de Agote, helicópteros navales livianos para Puerto Belgrano, obras de la Ruta 9/34 en Jujuy y satélites SARE II A. Es una foto bastante precisa del tipo de Estado que el Ejecutivo dice querer financiar cuando sí financia inversión: trenes, rutas, energía, defensa, sistema penitenciario y capacidades tecnológicas.

Todavía no es gasto ejecutado

Acá conviene bajar un cambio. Una planilla presupuestaria no es una obra terminada. Ni siquiera es gasto ejecutado. Es autorización y programa, sujeto al debate parlamentario, a cambios en comisiones, a la sanción de la ley, a licitaciones, redeterminaciones, pagos, certificaciones y ritmo fiscal.

La ASAP (abre en una ventana nueva), en su informe general del 18 de septiembre sobre el proyecto 2027, recuerda que el Poder Ejecutivo envió el Presupuesto al Congreso el martes 15 y que la ley funciona como plan anual de acción y límite máximo de gasto. También subraya que, después del debate legislativo, pueden aparecer cambios antes de que esas autorizaciones queden firmes.

Por eso el punto no es sólo cuánto se anuncia. Es qué sobrevive al Congreso, qué se ejecuta de verdad y qué queda como número bonito en una planilla. Argentina tiene demasiada experiencia con obras prometidas, partidas subejecutadas y proyectos que cambian de velocidad según la caja, el año electoral o la relación con cada gobernador.

Qué mirar ahora

Hay cuatro cosas para seguir. La primera es si las provincias con menor asignación reclaman en bloque o negocian caso por caso. La segunda es si el Congreso mueve partidas hacia obras políticamente sensibles: rutas, hospitales, universidades, agua, energía o transporte. La tercera es la ejecución mensual de 2027, porque ahí se separa la promesa del hormigón. La cuarta es el criterio: si la obra pública se decide por evidencia territorial y productividad, o si vuelve a funcionar como moneda de negociación.

El Presupuesto dice que hay $1,3 billones para obras. La pregunta pública es más simple y bastante más filosa: qué país se construye con esa plata, quién queda en el mapa y quién queda afuera.