El Presupuesto achicó la emergencia en discapacidad

El Presupuesto 2027 trajo una segunda discusión, menos vistosa que el dólar, pero bastante más concreta para miles de familias: el capítulo de discapacidad. Según reconstruyó Infobae (abre en una ventana nueva) este miércoles 16 de septiembre, el proyecto enviado por el Gobierno incorpora los artículos 36 a 41 para modificar el régimen de pensiones no contributivas, la compatibilidad con el empleo formal, el financiamiento de prestaciones y varios puntos de la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad.

La diferencia con la pelea presupuestaria general es que acá no estamos ante una variable macro. Estamos ante reglas que definen quién cobra, quién presta, quién actualiza valores y qué garantías quedan vivas dentro del sistema. Por eso la oposición salió rápido a marcar el tema: TN (abre en una ventana nueva) informó también este 16 de septiembre que legisladores opositores leyeron el bloque como un intento de aplicar recortes por la vía presupuestaria.

Qué cambia en el texto

El punto más sensible es la combinación de tres movimientos. Primero, el proyecto redefine condiciones para las pensiones no contributivas por invalidez laboral. Segundo, habilita una compatibilidad limitada entre pensión y trabajo registrado, una discusión que puede ser positiva si abre inclusión laboral real, pero peligrosa si se usa como puerta de salida de cobertura sin una red suficiente. Tercero, toca el financiamiento y el nomenclador de prestaciones, que es donde se traduce la ley en pagos efectivos a transportistas, terapeutas, centros, acompañantes y familias.

Infobae señala además que el proyecto deroga artículos de la Ley 27.793: los artículos 5, 8, 9 y 14. La ley, publicada en el Boletín Oficial (abre en una ventana nueva) en septiembre de 2025, había declarado la emergencia en discapacidad y buscaba reforzar obligaciones estatales sobre prestaciones, actualización de aranceles, financiamiento y sostenimiento del sistema. El presupuesto ahora intenta recortar parte de ese andamiaje.

La palabra clave es "intenta", porque un presupuesto no es todavía una ley sancionada. El proyecto entra en el Congreso, pasa por comisiones, recibe dictamen o pelea de dictámenes y recién después puede llegar al recinto. Pero meter estos cambios dentro del Presupuesto tiene una lógica política bastante clara: ordenar el debate fiscal en un paquete enorme, donde cada artículo compite con miles de partidas, planillas y negociaciones provinciales.

Por qué importa fuera del Congreso

El sistema de discapacidad argentino vive de una cadena delicada. Si el nomenclador se atrasa, los prestadores cobran tarde o mal. Si el transporte no cubre costos, una terapia puede existir en el papel y desaparecer en la práctica. Si una familia necesita litigar para sostener una cobertura, el derecho se vuelve una carrera de obstáculos. Nada de eso entra fácil en un titular de presupuesto, pero ahí está el costo real.

El Gobierno puede argumentar que busca ordenar padrones, evitar abusos y compatibilizar mejor asistencia con empleo. Esa discusión existe y no es absurda: un régimen mal diseñado puede encerrar a personas en la informalidad por miedo a perder ingresos o cobertura. Pero el criterio de ajuste importa. Si la depuración termina debilitando prestaciones o trasladando costos a familias, la inclusión queda como palabra linda y la política pública se achica.

Qué mirar ahora

Lo primero es si el oficialismo sostiene estos artículos tal como están o si los usa como moneda de negociación. Lo segundo es qué dicen las organizaciones de discapacidad y los prestadores cuando revisen el texto artículo por artículo, porque ahí suele aparecer la letra chica que no se ve en la presentación del Presupuesto.

Lo tercero es el Congreso. La discusión de discapacidad ya venía caliente antes del proyecto 2027. Si la oposición logra separar este capítulo de la pelea macro, el Gobierno va a tener que explicar no solo cuánto quiere gastar, sino qué garantías está dispuesto a mantener. Y ahí el Presupuesto deja de ser una planilla: se vuelve una pregunta bastante simple sobre qué derechos sobreviven cuando la motosierra entra al detalle.