Máximo puso precio a sacar capitales

Máximo Kirchner metió este martes 22 de septiembre otra pieza en la pelea fiscal: un proyecto para crear el Impuesto a las Transferencias Internacionales de Capital, una tasa sobre operaciones que impliquen salida efectiva de fondos, valores o activos virtuales desde la Argentina hacia el exterior.

Según informó La Nación (abre en una ventana nueva), la alícuota general propuesta es del 3%. Si el destino final de la transferencia es una jurisdicción de baja o nula tributación, el proyecto agrega otros dos puntos. La iniciativa llega en paralelo a la gira de Axel Kicillof por Estados Unidos y en medio de la discusión por Presupuesto 2027, obra pública, provincias y recortes.

El punto técnico es clave: el texto no apunta a la tenencia de dólares dentro del país ni a toda compra de activos financieros. Apunta a operaciones que saquen capital fuera de la jurisdicción argentina . TN, que publicó el detalle del proyecto a las 21:02, señaló que el impuesto alcanzaría transferencias de divisas por mercado de cambios, operaciones de contado con liquidación y movimientos de divisas, valores negociables o activos virtuales hacia cuentas propias o de terceros en el exterior.

La propuesta también incluye una lista de exclusiones. Quedarían afuera importaciones de bienes y servicios registradas ante BCRA y ARCA, ciertos pagos vinculados con salud y educación, financiamiento externo destinado a infraestructura, bienes de capital, inversión productiva o innovación tecnológica, y operaciones locales con valores negociables, derivados o fondos comunes cuando no impliquen disponibilidad final en el exterior.

La arquitectura política está en el destino de la recaudación. El kirchnerismo estima una recaudación mínima cercana a $2,89 billones. El 60% iría a provincias y municipios para infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, vial y de vivienda; cada jurisdicción adherida debería transferir al menos 30% de lo recibido a sus municipios. El 40% restante se repartiría en partes de 10% para hospitales nacionales y discapacidad, universidades nacionales, ANSES y PAMI.

Ahí está el mensaje al resto del Congreso. Kirchner intenta atar un impuesto a la salida de capitales con fondos para gobernadores, municipios, hospitales, discapacidad, universidades, jubilaciones y medicamentos. En un Congreso fragmentado, la pregunta no es solamente si La Cámpora consigue instalar el tema, sino si logra volverlo una herramienta de negociación para bloques provinciales que vienen reclamando caja, obra y transferencias.

Del otro lado, el Gobierno puede leer el proyecto como una impugnación directa de su hoja de ruta. La administración Milei viene defendiendo baja de impuestos, estabilidad fiscal para grandes inversiones y beneficios como el RIGI. La propuesta kirchnerista va en sentido inverso: cobrarle más al movimiento internacional de capital cuando el oficialismo intenta mostrar previsibilidad para atraer inversión.

Hay, además, una zona regulatoria sensible. Si el proyecto avanzara, la aplicación quedaría cerca de ARCA, BCRA, CNV y UIF, porque mezcla mercado de cambios, CCL, valores negociables, fintech, proveedores de servicios de activos virtuales y estructuras societarias. Dicho en criollo: no sería un tributo simple de cobrar si los sujetos alcanzados pueden mover instrumentos, custodios, wallets o jurisdicciones.

Qué mirar ahora: si el proyecto obtiene número de expediente y giro formal a comisiones; si gobernadores o diputados provinciales lo toman como moneda de negociación presupuestaria; si el oficialismo lo usa para polarizar contra una suba impositiva; y si bancos, ALyCs, fintech y exchanges empiezan a medir el costo operativo de convertirse en agentes de percepción. Por ahora es un proyecto. Pero abre una discusión grande: quién paga cuando la plata cruza la frontera.