El Tren de Aragua va hacia juicio federal

La causa argentina vinculada al Tren de Aragua entró en una fase más pesada: la fiscalía pidió que 13 imputados vayan a juicio oral.

El dato fue informado por Fiscales.gob.ar el 24 de septiembre (abre en una ventana nueva). La Unidad Fiscal Corrientes, la UFECO y la PROCELAC solicitaron la elevación a juicio ante el Juzgado Federal Nro. 1 de Corrientes. A los 13 acusados se les atribuye integrar una organización criminal transnacional vinculada al Tren de Aragua y realizar maniobras de lavado de activos; a nueve de ellos, además, se les imputa financiamiento del terrorismo.

La palabra clave, acá, no es solo banda. Es estructura.

Según la acusación, el grupo habría funcionado en Argentina al menos desde 2019 hasta mayo de 2025, con dos células operativas y conducción atribuida a Guillermo Rafael Boscán Bracho, señalado como jefe de la llamada Banda del Yiyi y detenido en Corrientes en octubre de 2023 por Interpol. Actualmente está alojado en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza bajo régimen de alto riesgo, y la Corte Suprema autorizó en marzo su extradición a Venezuela .

El expediente no se queda en la foto policial. El MPF sostiene que hubo una ingeniería económica para mover y disimular fondos. La acusación habla de más de 120 millones de pesos en operaciones bancarias, billeteras virtuales, remesas, efectivo y sistemas informales de transferencia. También describe sociedades, propiedades, vehículos, cuentas y movimientos destinados, según los fiscales, a darle apariencia lícita a dinero de origen ilícito.

Esa es la parte que suele quedar debajo del ruido. Cuando una organización transnacional se instala, la pregunta no es solamente quién aprieta el gatillo o quién da la orden. También es quién abre la cuenta, quién presta la sociedad, quién mueve la remesa, quién compra el inmueble, quién arma el circuito donde el dinero deja de parecer delito y empieza a parecer negocio.

El pedido de juicio oral todavía no es condena. Es una acusación que deberá ser discutida en un tribunal, con prueba, defensa y sentencia. Pero sí marca un avance procesal: el Ministerio Público Fiscal ya dice tener una reconstrucción suficiente para llevar el caso a debate.

También importa el encuadre legal. Los fiscales pidieron juicio por asociación ilícita en modalidad de organización criminal y lavado de activos. Para nueve imputados agregaron financiamiento del terrorismo, una figura sensible que exige probar que bienes o dinero fueron recolectados o provistos con conocimiento de que serían utilizados, total o parcialmente, para sostener una organización que emplea violencia para intimidar o controlar territorio.

El propio sitio del MPF muestra que el expediente viene de una secuencia previa: detenciones, procesamientos, confirmaciones y ahora el requerimiento de juicio. No es un parte aislado. Es la maduración de una investigación federal sobre cómo una red regional habría usado Argentina como lugar de asentamiento, circulación de fondos y logística.

Para leerlo bien conviene sacar dos conclusiones a la vez. La primera: la acusación es grave y debe ser probada, no repetida como sentencia. La segunda: el crimen organizado moderno no vive solo de escenas cinematográficas. Vive de contabilidad, documentos, billeteras digitales, remesadoras, sociedades pantalla y rutas de dinero que parecen administrativas hasta que alguien las junta.

Lo que viene ahora es el filtro judicial más visible: si el juez acepta el requerimiento, el caso irá a juicio oral. Ahí se verá si la fiscalía puede demostrar que no eran movimientos sueltos, sino una organización con mando, células, dinero y función transnacional. Hasta entonces, la noticia es esta: Argentina no está discutiendo solo una banda extranjera. Está mirando si su propio sistema financiero y societario fue usado como infraestructura de una red criminal.