La Corte actualizó el peaje administrativo

La Corte Suprema actualizó una parte chica pero sensible de la vida judicial: cuánto cuesta pedir papeles, certificados, copias, consultas y algunos trámites administrativos dentro del Poder Judicial. La Acordada 27/2026 (abre en una ventana nueva), publicada este lunes 28 de septiembre en el Boletín Oficial, reemplaza la grilla anterior y deja nuevos valores desde su publicación.

No es una tasa para iniciar juicios ni una reforma procesal. Es el régimen de arancelamiento de servicios administrativos que presta el Poder Judicial. Pero esa distinción no lo vuelve irrelevante: el acceso a expedientes, certificados, testimonios, archivos y estadísticas también forma parte de cómo una institución se deja mirar.

La lista nueva marca, por ejemplo, $60.000 para la inscripción de peritos, síndicos, martilleros y abogados de la matrícula federal. Las denuncias de particulares ante la Dirección de Sumarios pasan a $20.000, con una salvedad importante: si se admite la veracidad de los hechos denunciados, el importe se reintegra. Los certificados y testimonios quedan en $7.000, al igual que las consultas a oficinas de jurisprudencia, certificaciones de firmas, oficios al archivo, consultas de expedientes archivados y pedidos de estadísticas judiciales por particulares.

También sube el costo de papel, literal. La impresión de material consultado pasa a $1.000 por hoja. La expedición de fotocopias de resoluciones, sentencias y actuaciones queda en $1.000 por hoja. Certificar la autenticidad de fotocopias cuesta $2.000 por cada cuatro. Los informes del archivo público salen $3.000 en trámite normal, con un adicional de $7.000 si el pedido es urgente. Y los listados de sorteo de expedientes solicitados por profesionales cuestan $1.500 por hoja.

El antecedente inmediato es la Acordada 17/2025 (abre en una ventana nueva), publicada en julio del año pasado. Ahí la inscripción profesional estaba en $45.000; las denuncias particulares, en $15.000; certificados, consultas, firmas, oficios, archivo y estadísticas, en $5.000; y las fotocopias o impresiones, en $500 por hoja. La nueva acordada no inventa el esquema: lo recalcula.

La Corte deja algunas puertas abiertas. Quedan exceptuados los pedidos hechos por poderes del Estado cuando acrediten representación. En ciertos casos, certificados y testimonios pedidos por partes o auxiliares de la justicia conservan excepciones previas. Para expedientes archivados, la acordada también protege los requerimientos de tribunales y los pedidos de historiadores o investigadores cuando el material no tenga fines de lucro y se presente declaración jurada.

Ese es el punto fino. Para un estudio jurídico, estos montos pueden ser parte del costo operativo. Para un ciudadano, un periodista, un investigador o una organización que intenta reconstruir una causa, la diferencia entre pedir y no pedir información a veces está en estas fricciones chicas. La Justicia no solo se mide por sentencias; también por el costo y la facilidad de acceder a los documentos que permiten auditarla.

La Cámara Nacional Electoral, además, queda autorizada a adecuar los valores de sus servicios específicos según el anexo de la acordada. Ese detalle importa en año de calendario político activo, porque el fuero electoral trabaja con certificaciones, datos, listas, consultas y papeles que suelen ser insumo de partidos, apoderados, periodistas y control ciudadano.

La noticia, entonces, no es que la Corte haya puesto una barrera nueva de golpe. Es más burocrática y más concreta: actualizó el precio de la ventanilla. Y en una institución donde buena parte de la transparencia todavía pasa por pedir copias, certificados y expedientes, la ventanilla nunca es apenas ventanilla.