Bolivia avaló el regreso del FMI

Bolivia dio el paso político que faltaba para volver a un programa grande con el Fondo Monetario Internacional. El Congreso ratificó este viernes 18 de septiembre un acuerdo de USD 1.900 millones, después de que Diputados lo aprobara y el Senado terminara de limpiar el último obstáculo legislativo interno. Falta todavía la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI antes de que haya desembolsos, pero el mensaje doméstico ya quedó dado: Rodrigo Paz consiguió que una mayoría parlamentaria avale el plan de estabilización en medio de escasez de combustibles, inflación y amenaza de nuevas protestas.

La noticia fue reportada por AP desde La Paz (abre en una ventana nueva). Según esa cobertura, el programa dura tres años y busca recomponer reservas internacionales y estabilizar una economía golpeada por inflación alta y crecimiento débil. El acuerdo técnico con el Fondo había sido anunciado en julio; la novedad de ahora es el voto del Congreso, clave porque el gobierno de Paz no tenía garantizado un trámite cómodo y porque el tema toca uno de los nervios más sensibles de Bolivia : el combustible barato.

El ministro de Economía, Christian Morales, defendió ante los senadores que el préstamo puede destrabar confianza adicional de organismos como el Banco Mundial y el BID, por unos USD 5.000 millones. Esa es la promesa oficial: usar el acuerdo como sello de credibilidad para traer más financiamiento y ordenar una caja pública exhausta. Paz lo celebró como un paso histórico y una señal de madurez política. Pero esa lectura convive con otra, mucho más áspera, en la calle.

El punto inflamable son los subsidios a los combustibles. El programa incluye su eliminación, en un país que ya viene con faltantes crónicos de nafta y diésel por la caída de las exportaciones de gas, la falta de dólares y el costo fiscal de importar combustible para venderlo barato. Bloomberg Línea (abre en una ventana nueva) había contado el 11 de septiembre que el gobierno esperaba eliminar por completo esos subsidios para 2027 y reducir el déficit, una combinación que el oficialismo presenta como responsabilidad económica y que sindicatos y movimientos sociales leen como ajuste directo al costo de vida.

La tensión no es abstracta. La Central Obrera Boliviana y otros gremios ya venían advirtiendo que las condiciones del acuerdo pueden encarecer la vida de familias que llegan golpeadas por inflación, escasez y devaluación informal. El Congreso, además, extendió por otros 90 días el estado de emergencia que Paz había usado para enfrentar bloqueos y protestas. El País América (abre en una ventana nueva) registró esa prórroga el 17 de septiembre y la conectó con protestas previas, uso de fuerzas militares y suspensión de algunas libertades.

La foto política también cambió. El Movimiento al Socialismo, que dominó la escena boliviana desde Evo Morales, quedó reducido a una presencia mínima en el Parlamento. Paz, desde el Partido Demócrata Cristiano, consiguió apoyo de sectores de centro y derecha para aprobar el acuerdo. Esa mayoría le alcanza para una votación clave; no necesariamente le garantiza gobernabilidad cuando empiecen a sentirse los recortes o cuando se toque el precio real del combustible.

Para Argentina , la historia importa por algo más que vecindad. Bolivia muestra una secuencia regional conocida: agotamiento de reservas, subsidios difíciles de sostener, organismo internacional como ancla, promesa de financiamiento y costo político en la calle. Cada país tiene su propia crisis, pero la pregunta se parece: cuánto ajuste puede procesar una democracia cuando el combustible, el transporte y los precios ya están tensos.

Lo próximo a mirar es doble. Primero, si el Directorio del FMI aprueba el programa y con qué calendario de desembolsos. Segundo, si el gobierno boliviano logra transformar el crédito en estabilidad o si el acuerdo se convierte en combustible político para otra ronda de bloqueos. El Congreso abrió la puerta; la calle va a decidir cuánto cuesta atravesarla.